Un documento reciente revela que el funcionario autorizaba las erogaciones con Nación Seguros. Esta semana, el oficialismo presentó ante la Justicia informes encontrados en el ex Ministerio de Desarrollo Social.

Durante la gestión de Alberto Fernández, el Ministerio de Desarrollo Social, al frente de Victoria Tolosa Paz, pagó $239.621.093 en comisiones para contratar seguros, apenas por debajo de la ANSES y de la Gendarmería.

En buena parte, esa suma se utilizó para asegurar a los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que al momento de ser disuelto alcanzaba a casi 1.400.000 personas. El funcionario que daba la orden para autorizar los pagos de esos seguros era Emilio Pérsico, según documentos oficiales.

Esta semana, el Gobierno le entregó al juez federal Julián Ercolini la última póliza de Desarrollo Social con Nación Seguros para asegurar a todos los beneficiarios del Potenciar Trabajo y Potenciar Empleo. Millones de pesos en seguros para horas de trabajo que nadie controlaba.

El documento presentado por Infobae.

Esa póliza, publicada por la web de Infobae, se renovó durante las gestiones de Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz. Pero siempre la órdenes de pago las firmaba Pérsico, el influyente ex subsecretario de Economía Social que acumula denuncias penales.

En dicho plan, el 22 de septiembre de 2022, Pérsico aprobó pagarle a Nación Seguros un total de $45.691.122,88, solo por el mes de julio de ese año. La resolución explica que el monto corresponde al seguro de accidentes personales y de sepelio de los 1.354.214 titulares que tenía en ese momento el Potenciar Trabajo. Hay decenas de esas resoluciones.

Pérsico fue denunciado penalmente por el Gobierno hace diez días por estar de los dos lados del mostrador, como funcionario y como titular del Movimiento Evita.

Según indican desde el Ministerio de Capital Humano, el exfuncionario aprovechó su cargo “para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado”. Lo acusan de al menos tres delitos: fraude a la administración pública, abuso de autoridad, y violación de los deberes de funcionario público.

“Se va a inspeccionar a 4.355 cooperativas creadas en 2023 y se va a retirar para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en 2019 y que, por alguna razón que no comprendemos, la administración anterior (de Alberto Fernández) decidió seguir financiando”, afirmó el vocero Manuel Adorni en una de sus habituales conferencias diarias.

Las cooperativas manejaban una fortuna de dinero. Según la auditoría del Gobierno, durante 2023 se pagaron $17.183.910.509 a 281 Unidades de Gestión. De ese total, $11.925.954.904 estaban bajo el control de 144 cooperativas.