El juez federal Walter Lara dictaminó que el Ministerio de Capital Humano reanude la entrega de mercadería a los merenderos y comedores registrados. Además la cartera deberá reponer los programas alimentarios suprimidos.

Nuevo fallo judicial contra la política de recorte del Ministerio de Capital Humano que eliminó la entrega de alimentos destinados a los comedores y merenderos populares. El juez federal Walter Lara Correa, dictaminó este viernes que la cartera que conduce Sandra Pettovello reponga los programas de asistencia alimenticia.

Haciendo lugar a las demandas colectivas de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), cuyo referente es Juan Grabois y al Centro de Estudios Legales y Sociales (CRLS), el magistrado avaló que se restituyan los programas de distribución de mercadería a las instituciones registradas en la cartera social.

De este modo, el titular del juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7,  reafirmó el derecho a la alimentación de las personas vulnerables en Argentina, destacando “la importancia de mantener las políticas públicas alimentarias vigentes para garantizar este derecho fundamental”.

En su fallo de 129 fojas, Lara Correa remarca que “el derecho a la alimentación es una obligación del Estado que debe ser atendida de manera continua y progresiva, evitando cualquier tipo de regresividad. Este derecho está respaldado tanto por el orden jurídico interno como por compromisos internacionales asumidos por Argentina”.

“Los principales beneficiarios de este derecho son las personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad”, menciona el magistrado en su dictamen en el que además solicita la restitución de los programas: “Abordaje Comunitario PNUD ARG 20/004, Programa Prestación Alimentar, el Plan Nacional Argentina Contra el Hambre y el Programa Alimentar Comunidad”.

Asimismo el juez exigió a la cartera de Capital Humano que presente informes mensuales sobre el progreso de estas políticas y garantice el acceso a una alimentación adecuada para los sectores vulnerables. “Aunque el Poder Judicial no debe intervenir en decisiones técnicas y operativas -del Poder Ejecutivo-, instó al Gobierno de Javier Milei a adaptar sus programas alimentarios según las políticas reconocidas”, concluye el escrito de Lara Correa.