Ya se especula con quién será el representante del Poder Ejecutivo; es el único consejero propio que tendrá el presidente; entusiasmo de los jueces por la autonomía, pero temor a un ajuste

La llegada de Javier Milei a la presidencia de la Nación tuvo impacto en el Consejo de la Magistratura, el organismo que nombra y remueve jueces y administra los recursos del Poder Judicial. Tres son los asuntos que consumen los comentarios durante la transición entre el gobierno saliente y el entrante: quién será el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo, ya que es el único consejero propio que tendrá el libertario; si el juicio político a la Corte quedará de hecho sepultado o no, y si habrá fondos suficientes para la prometida “autonomía” del Poder Judicial o si los judiciales son parte de la “casta” que padecerá los ajustes del Estado.

Empecemos por los nombres: desde el 10 de diciembre deberá dejar su lugar en el Consejo de la Magistratura el representante del Poder Ejecutivo Gerónimo Ustarroz, un hombre de confianza de Cristina Kirchner y hermano de crianza del ministro del Interior, Eduardo de Pedro. Ya se hacen especulaciones sobre quien será el hombre de Milei en el Consejo de la Magistratura.

Suenan tres candidatos: el abogado Guillermo Lipera, de Colegio de Abogados de la Ciudad; el juez Marcelo Gallo Tagle, expresidente de la Asociación de Magistrados y de la lista Bordó, y Martín Casares, quien fue jefe de Gabinete de Germán Garavano, exministro de Justicia de Mauricio Macri y quien está aportando las segundas líneas del Ministerio de Justicia mileista a cargo de Mariano Cúneo Libarona.

Resta el visto bueno de Milei. Casares, tras dejar la función pública, trabajaba como Secretario General del Colegio Público de Abogados y ya está trabajando con el abogado Diego Querendian, jefe de Gabinete de Cúneo Libarona en su ministerio en formación. Se están completando con propuestas de cargos las diferentes áreas, pero falta el visto bueno de Milei.

A Lipera no lo llamaron para ofrecerle nada, aunque está convencido de que debe haber cambios en el Consejo de la Magistratura. De hecho, fue uno de los que impulsó la demanda por la cual la Corte declaró inconstitucional la ley del organismo que había propiciado Cristina Kirchner.

Gallo Tagle podría pedir licencia como juez civil. Pertenece a la lista Bordó, fue presidente de la Asociación de Magistrados y debería negociar la cobertura de las vacantes con los jueces de las tres listas: la Celeste, más peronista; la Bordó y Compromiso Judicial. A todos los conoce, con lo que Milei no estaría solo en el Consejo. Y además tiene un vínculo personal con Cúneo Libarona desde hace años y está dispuesto a ayudar en la etapa que se viene.

Milei no tendrá otro representante en el Consejo de la Magistratura, ya que no puede colocar ningún legislador propio. Su representante deberá negociar con Juntos por el Cambio, otros aliados y con el peronismo opositor.

En cuanto al juicio político a la Corte, las expresiones públicas de Milei y de Cúneo Libarona son claras: es un despropósito que nunca debió haber tenido lugar y debe cerrarse. Pero la llave la tiene el Congreso. La Comisión de Juicio político, controlada por el kirchnerismo, se apresta a votar un dictamen acusatorio. Milei, cuando sea presidente, puede forzar su tratamiento y que su bloque más aliados lo rechacen, con lo que se cerraría el asunto. O por el contrario, puede dejar el asunto en un cajón, pues el dictamen tiene un año de vigencia parlamentaria, y usarlo para negociar con la Corte en caso de ser necesario. En el Consejo de la Magistratura se suman todas estas especulaciones,

Y, finalmente, lo que más preocupa a los consejeros es cómo se va a efectivizar la promesa de “autonomía” presupuestaria del Poder Judicial que realizó Milei. En repetidas ocasiones, el presidente electo dijo que propicia una ley de autonomía de modo que el Poder Judicial no deba pedir dinero una reasignación de partidas presupuestarias cada vez que debe pagar sueldos.

El ministro designado, Cúneo Libarona, está trabajando en eso. La duda en el Consejo de la Magistratura es si el mecanismo es suficiente o es un modo de ponerle un corset a los sueldos del Poder Judicial y ser parte de del ajuste que promete que se vendrá el año próximo.

“¿Seremos parte de la casta a la que le toca el ajuste o el próximo presidente no querrá ponerse en conflicto de entrada con el Poder Judicial?”, se preguntó una fuente del Consejo de la Magistratura donde también se viene un cambio en el administrador Claudio Cholakian, ya jubilado, que renovó con Horacio Rosatti como presidente del cuerpo.

En cuanto a los cambios de nombres y en la dinámica del Consejo de la Magistratura hay muchas especulaciones, pero prima el optimismo en cuanto a que se pueda destrabar el funcionamiento del cuerpo, donde, si bien en 2023 se aprobaron 18 ternas para cubrir vacantes, están bloqueados concursos para elegir jueces en los cargos más sensibles de la justicia penal federal.

Es una dramática necesidad en un Poder Judicial en el que están vacantes el 28% de los cargos de la justicia federal. El nuevo Consejo de la Magistratura deberá decidir ahora, por ejemplo, convocar al concurso que ocupaba la jueza Ana María Figueroa, que inició los trámites para jubilarse.

Figueroa fue dejada cesante por la Corte a los 75 años, pero después tuvo acuerdo del Senado, el presidente Alberto Fernández la nombró en el cargo y reclamó que la repongan. Pero nada de eso ocurrió y ahora pidió jubilarse.

Además del cambio de Ustarroz, por el lado de los legisladores se le vence el mandato al larretista Álvaro González. Resta ver si con la nueva conformación de la Cámara de Diputados pone en riesgo la silla de Pro en el Consejo.

Por el lado de los senadores, la Corte debe definir quién es el legislador que representa a la minoría: si Luis Juez (Pro) o el kirchnerista Martín Doñate.

No hay cambios por el lado de los jueces (dos de la lista Bordó, uno Compromiso Judicial y uno Celeste), ni los académicos (que responden a Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora y quien se movió cerca de Massa) ni de los abogados (un radical, un kirchnerista, una abogada cercana a Molea y otra cercana a Pro).

Con estos números lo que puede ocurrir es que se modifiquen las alianzas: que los jueces que hasta ahora votaban con el bloque de los radicales y de Pro puedan empezar a acercar posiciones al bloque de Molea a la hora de definir la cobertura de vacantes, que es el principal interés del estamento de los magistrados.

En ese 28% de vacantes del Poder Judicial hay cargos estratégicos en causas de corrupción: se deben definir los concursos para dos jueces de la Cámara Federal porteña, que tienen la llave para dejar pasar o frenar los casos de corrupción; tres juzgados federales de primera instancia en Comodoro Py, que son los que investigan a los funcionarios y exfuncionarios; y dos cargos en la Cámara de Casación (sin considerar a Figueroa), que es el tribunal penal más importante del país por debajo de la Corte. Además, están vacantes un tercio de los cargos de los tribunales orales federales que juzgan a los funcionarios.

El nuevo Gobierno va a estar interesado en cubrir con postulantes de su agrado esas vacantes y, además, deberá negociar con la oposición en el Congreso la cobertura de la vacante de un juez de la Corte Suprema, donde ya se analizan tres mujeres como candidatas, y del Procurador General de la Nación.