Referentes de las organizaciones sociales acusan al oficialismo y la Justicia tras ser allanados en el marco de una causa iniciada por Patricia Bullrich.

Dirigentes piqueteros de distintas agrupaciones se reunieron frente al Congreso para denunciar lo que calificaron como un “ataque” y una “persecución política” por parte del Gobierno y la Justicia. Los 27 allanamientos, que afectaron a referentes sociales, se llevaron a cabo en el marco de una causa en la que se los acusa de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que participaran en marchas o entregaran parte de sus ingresos.

“Esta es una causa contra las organizaciones que estamos luchando contra el Gobierno porque ha abandonado a su suerte a las personas que tenían la necesidad de ir a un comedor social”, comenzó Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, rodeado por dirigentes de la UTEP, Coordinadora por el Cambio Social y Frente de Lucha. A continuación, afirmó que estas acciones buscan “destruir la organización popular” y que las organizaciones sociales se defenderán “en todos los terrenos”. 

En alusión al blanqueo que impulsa el Gobierno en el Senado y que ya fue aprobado en Diputados junto a los proyectos de Ley Bases y la reforma fiscal, el dirigente Charly Fernández, del Frente de organizaciones en Lucha (FOL), denunció: “lo que quieren quebrar acá es ese tejido social que hay en los barrios, de organización comunitaria, que es lo que frena el narcotráfico. Porque no solo quieren darle el blanqueo al narcotráfico, sino también quieren quebrar a las organizaciones comunitarias y religiosas, a las ONG”.

E insistió: “Están limpiando el territorio para que se desarrollen las redes narcos. Acá no importan los dirigentes, lo que importa es que se están limpiando los barrios para que los narcos tengan el control y no estemos las organizaciones poniendo el cuerpo para llevar a los pibes a estudiar y sacándolos de la miseria y del delito”.

“No somos los delincuentes las organizaciones sociales, los delincuentes están acá adentro [por el Congreso], que se fugaron guita y tendrían que estar presos por traición a la Patria”, completó.

Por su parte, Alejandro Gramajo, de la UTEP, expresó solidaridad con los “compañeros y compañeras honestos y sacrificados que todos los días de su vida deciden meterse en los barrios más humildes a tratar de construir algo más justo”, y denunció que el Gobierno busca empobrecer al 80% de la población argentina. 

“Lo que ha pasado hoy se inscribe en una política de atacar sistemáticamente a todos aquellos que hemos decidido hacer visible que este Gobierno no vino a ajustar a la casta política ni a los empresarios prebendarios, sino que vino a empobrecer al 80% de la población argentina”, lanzó.

En tanto, Hugo “Cachorro” Godoy, dirigente de ATE y líder de la CTA Autónoma, denunció: “buscan la suma del poder público para gobernar por decreto por cuatro años y arrasar con la democracia. Para eso, el complemento fundamental es la utilización de un sistema judicial al servicio de los ricos y las multinacionales”.

Los allanamientos realizados recientemente han sido objeto de controversia y críticas. Según fuentes oficiales, se confiscaron teléfonos celulares, computadoras y dinero en efectivo durante los operativos. Sin embargo, las abogadas de las organizaciones piqueteras han denunciado que algunos allanamientos fueron ilegales, comenzando cuando aún era de noche, y que se sustrajeron elementos que no eran relevantes para la investigación, además de haber ocurrido en medio de violencia policial. También señalaron que el juez de la causa, Sebastián Casanello, había desaconsejado los allanamientos.

La decisión de llevar a cabo los allanamientos fue tomada por la Sala I de la Cámara, que hizo lugar a un pedido del fiscal del caso, Gerardo Pollicita, a pesar de la recomendación inicial del juez Casanello de no llevarlos a cabo. El fiscal había solicitado los allanamientos, así como una serie de detenciones, y aunque Casanello consideró que era prematuro disponerlos, la Cámara revocó su decisión y aceptó lo solicitado por el fiscal.

Los allanamientos se realizaron en domicilios particulares y sedes de comedores populares y organizaciones sociales, identificados como “Rivadavia I”, “La Carbonilla”, “Mariano Ferreyra”, “Kuña Guapa” y “Caminos de Tiza”. También en depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas, de acuerdo con el fallo de la Cámara.

El Ministerio de Seguridad ha confirmado que se realizaron “27 allanamientos” dirigidos a dirigentes del Polo Obrero, Movimientos Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, en base a reclamos recibidos en la línea 134, habilitada para denuncias de amenazas, aprietes y extorsiones. De acuerdo al Gobierno, se recibieron más de 20.000 comunicaciones en menos de una semana a través de esta línea.

Por otra parte, la investigación también se centra en cómo se canalizaron los supuestos fondos ilícitos obtenidos por extorsión, y el secreto fiscal respecto de los acusados ha sido levantado. Según la hipótesis del fiscal, el dinero habría sido canalizado a través de cooperativas, aunque aún se desconoce su destino final.