viernes, abril 26

Polémica: el Gobierno crea un registro para que grandes empresas informen precios, stocks y ventas

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La Secretaría de Comercio creará un sistema para monitorear el abastecimiento de distintos sectores. Las que no cumplan con la normativa podrían ser sancionadas con la Ley de Abastecimiento

La Secretaría de Comercio Interior pondrá en marcha en abril próximo el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), en el cual las grandes empresas deberán informar mensualmente los precios de sus productos, cantidades vendidas y stocks de bienes finales e intermedios.

La decisión, publicada en el Boletín Oficial, no implicará para las empresas ningún gasto o trabajo adicional, debido a que es una información con la que ya cuentan y que deberán enviar por sistema y bajo declaración jurada.

En una primera etapa, la medida alcanzará a alrededor de medio millar de firmas de los sectores de alimentos y bebidas, higiene personal y limpieza; materiales para la construcción y muebles; químico y agroquímico; y de electrónica y electrodomésticos.

Con esta iniciativa, el Gobierno persigue el objetivo de “entender mejor la evolución de los precios en cada cadena de valor para luego hacer mejores políticas para el mercado interno”, explicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Los sectores comprendidos inicialmente son aquellos que cuentan actualmente con mayores tensiones de abastecimiento, stocks y precios; luego, en una segunda etapa se incorporarán más rubros hasta alcanzar alrededor de 1.000 empresas.

La primera presentación deberá realizarse entre los días 1 al 10 de abril de este año y, por única vez, se informarán los precios, cantidades vendidas y stock disponibles para los meses de enero, febrero y marzo del 2021; luego, el trámite mensual hará referencia a los mismos ítems pero sólo del mes inmediato anterior.

Según lo establecido por la Resolución 220/2019 y sus modificatorias de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme), el Sipre comprenderá a las empresas que facturan anualmente más de $965 millones en el caso del sector de la construcción; más de $2.602 millones en comercios; y $2.540 millones en firmas dedicadas a la actividad industrial.