Esta suma comprende U$S 5.000 millones pagados a Repsol, U$S 6.000 millones en intereses de bonos y U$S 16.000 millones por infracciones al estatuto de YPF.

Por haber expropiado indebidamente las acciones de YPF que pertenecían a Repsol y al grupo Eskenazi, la Argentina deberá pagarle US$ 16.000 millones al Fondo Burford. Sin embargo, según estimaciones de privados, el costo para el Estado será aún mayor, pudiendo trepar hasta los US$ 27.000 millones.

Esta cifra resulta de la suma de tres componentes: primero, el resarcimiento a Repsol ya pagado en su momento por US$ 5.000 millones, tras haberle quitado sus acciones. Segundo, US$ 6.000 millones por los intereses devengados de los bonos otorgados a Repsol, que los vendió casi inmediatamente. Por último, los US$ 16.000 millones impuestos por la jueza Loretta Preska, por no haber hecho la oferta pública en el momento de expropiar. En total, la cuenta arroja unos US$ 27.000 millones.

Axel Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner, impulsores de la estatización de YPF.

Desde el punto de vista técnico, muchos no computan los US$ 6.000 millones de intereses, ya que no se trata de parte del precio de la expropiación, sino del riesgo país. Ademas, buena parte de los pagos fueron defaulteados y canjeados en 2020 por títulos con cupones más bajos.

La medida para compensar a los demandantes que fijó la justicia de Estados Unidos sería el precio de la oferta pública que el Estado hubiera tenido que hacer en 2012, cumpliendo los estatutos.

El ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, registra una serie de decisiones tomadas por Axel Kicillof que, con el tiempo, resultaron onerosas para el Tesoro. Estas incluyen la demora en el juicio de los holdouts, la firma de un acuerdo con el Club de París sin un artículo IV del FMI, el cupón PBI y la reestructuración de la deuda de la provincia de Buenos Aires. Según Prat-Gay, “el costo fiscal total de las acciones de Kicillof asciende a US$ 49.435 millones“.