En la central aguardan por una reunión inminente con Sergio Massa donde le reclamarán por los recursos extraordinarios que el ministerio de Economía incluyó en el Presupuesto, pero que nunca fueron distribuidos.

La presión sindical se aceleró en las últimas semanas ante el incumplimiento por parte del ministro de Economía, Sergio Massa, del compromiso de girar a sus prestadoras médicas unos $ 9.000 millones por mes para contener el abultado déficit que registran por efecto del impacto del aumento de los gastos por discapacidad, que en la actualidad representan el 75% de los ingresos de Fondo Solidario de Redistribución (FSR) que financia el sistema.

Las obras sociales sindicales acumularán este año un déficit de más de $ 132.600 millones, según la proyecciones elaboradas desde la conducción de la CGT.

“La situación es crítica, el sistema está practicamente quebrado”, advirtieron desde la primera línea de la central obrera, que presiona con un encuentro con el ministro de Economía, apenas arribe al país tras la visita oficial a China para destrabar un auxilio financiero urgente del Gobierno que evite un colapso del sistema.

En la de la central de trabajadores recordaron que a partir de la gestión de Massa, el Presupuesto votado por el Congreso incluyó una partida extraordinaria de $ 148.000 millones destinada al Ministerio de Salud, que encabeza Carla Vizzotti, que iba a ser utilizada para financiar el pago de los servicios educativos y de transporte de los afiliados discapacitados de las prestadoras médicas de los gremios.

“El compromiso era girar esos fondo extraordinarios entre $ 9000 y $ 10.000 millones al sistema por mes, pero hasta ahora no recibimos un solo peso de esos recursos”, describieron desde la central, donde se acumulan los cuestionamientos al ministerio que lidera Vizzotti. “Salud no hace nada y se lava las manos”, acusan los sindicalistas.

En los primeros cinco meses del año el Gobierno solo distribuyó entre las obras sociales un total de $ 14.000 correspondientes a transferencias demoradas de 2022, a la par que se acumuló una deuda de $ 38.000 millones por falta de reintegro de tratamientos médicos de alta complejidad pagados por las entidades sindicales, según el informe elaborado por la secretaría de Acción Social de la CGT, que encabeza José Luis Lingeri, al que tuvo acceso Clarín.

Con ese telón de fondo, la primera línea de la entidad pidió una reunión urgente con el ministro de Economía y aguarda que el encuentro se concrete tras el arribo de Massa al país luego de su visita oficial a China, a donde viajó acompañado por el diputado y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, entre otros funcionarios y legisladores.

Los sindicalistas apuestan a que la intervención de Massa destrabe la gestiones con Salud y acelere la distribución de parte de los fondos. Según sostienen, hoy una parte del déficit se está cubriendo con recursos de los sindicatos que se transfieren a las obras sociales, pero alertan que esa situación es “insostenible” a mediano plazo.

De acuerdo con los cálculos proyectados por los gremios, la recaudación prevista para este año para el FSR (que se nutre de un porcentaje fijo de los aportes y contribuciones a la seguridad social) alcanzará a $ 306.346 millones.

Con esos recursos se deben financiar $ 109.203 millones correspondientes al pago de los subsidios automáticos del sistema (SANO, SUMA, SUMARTE y SUMA65), en tanto que los gastos por discapacidad insumirán otros $ 234.155 millones y los reintegros por expedientes SUR unos $ 95.598 millones. Con ese nivel de erogaciones previstas, el sistema acumulará durante el año pérdidas por $ 132.610 millones. “Sin la asistencia comprometida, el sistema está practicamente quebrado”, aseguró Lingeri.