Estimaciones privadas arrojan que los territorios provinciales podrían recibir el 28% de lo recaudado por Nación, un nivel equiparable a los registros de 2007. Los números detrás del programa de ajuste del Ejecutivo.

La disputa entre el gobierno nacional y las provincias crece día a día, pero ya deja entrever algunas proyecciones del impacto económico que puede tener, al menos, en el corto o mediano plazo. De acuerdo a estimaciones privadas, si el Ejecutivo continúa con su plan de recorte, las provincias podrían quedarse con el porcentaje de recaudación más bajo en más de 15 años.

”Esperamos que las provincias se queden con apenas 28% del total recaudado, un nivel semejante al de 15 años atrás”, indicó la consultora LCG en su último informe.

En concreto, en el 2023, el porcentaje de la recaudación que recibieron las provincias a través de las transferencias automáticas nacionales fue del 34%, similar al de los últimos seis años. En 2007 se registró el último período en que la recaudación de las provincias estuvo en el 28%, tal como se espera para este año.

La principal explicación para comprender la dinámica de la recaudación de las provincias es que este año se espera que el aumento de los ingresos nacionales estén impulsados por la suba de recursos tributarios que no son coparticipables, es decir, que crecerán los fondos no se reparten con los territorios provinciales.

”Este año las provincias verán reducida su participación en el total de la recaudación nacional porque el aumento de los recursos tributarios será traccionado por los impuestos no coparticipados: derechos de exportación a partir del fin de la sequía y del sinceramiento del tipo de cambio aplicable (por ahora un esquema 80% oficial y 20% CCL) y el impuesto País por la ampliación de la base imponible y la suba de alícuotas dispuestas en diciembre último”, describió LCG.

Además, destacó que Ganancias, el principal impuesto coparticipado, se verá afectado por la reducción de las retenciones a los trabajadores en relación de dependencia después de la reforma del año pasado que llevó a 15 salarios mínimos, vitales y móviles el piso para que esas personas queden alcanzadas por el gravamen, y que por ahora el Ejecutivo tampoco avanzó en modificar, pese al intento que quedó trunco tras el fracaso de la Ley Ómnibus.

Un caso particular sería el del impuesto País, que los gobernadores reclamaron coparticipar en un 30%, aunque hasta ahora ese pedido no se concedió. Los analistas esperan que si el Gobierno finalmente concreta su objetivo de levantar el cepo o unificar el tipo de cambio, ese tributo se eliminaría y cualquier transferencia a las provincias que se realizara a través de esa vía, también quedaría suprimida.

El Gobierno ya avanzó en su plan de ajuste sobre las provincias

Durante el primer mes del año, el Ejecutivo ya mostró los primeros signos de haber recortado varías vías de ingresos para las provincias. A modo de ejemplo, la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) registró una caída del 30,8% de los gastos primarios en términos reales, que se explicó porque -salvo los subsidios al transporte-, todos los conceptos mostraron disminuciones reales en la comparación interanual, especialmente los gastos de capital, programas sociales y transferencias corrientes a provincias.

En este último caso, la reducción de las transferencias fue del 53,3% en la medición interanual, ya que pasaron de $103.198 millones en enero 2023 a $48.233 en enero 2024.

La OPC también puntualizó que en el primer mes del año, los giros al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) -destinado a equiparar desigualdades salariales- fueron de $46.855 millones, lo cual representa una baja del 16,6% interanual real. Esta es uno de los principales programas bajo los que la Nación le envía recursos a las provincias y que estaba bajo la mira del Gobierno a la hora de pensar su plan de ajuste después de la eliminación del Fondo Compensador del Interior que subsidiaba a las empresas de transporte “para que las tarifas sean provistas a un costo inferior y cubrir los costos de funcionamiento y mantenimiento”.

Lo cierto es que el Gobierno busca alcanzar en 2024 un superávit del 2% del PBI que se traduce en un ajuste de cinco puntos del producto. De acuerdo a distintas estimaciones privadas, la poda sobre las transferencias a las provincias ronda un punto del producto.

Por eso, para dar inicio a ese programa de recortes, en enero Nación envió solo $200 millones en transferencias no automáticas, que es prácticamente llevarlas a cero.

“Apenas iniciado el gobierno de Javier Milei, se anunció un recorte de 0,5% del PBI en materia de Transferencias Corrientes a provincias, que representa una poda de aproximadamente el 70% respecto a 2023, y se infiere otro recorte de al menos esa proporción para las Transferencias de Capital a provincias, dado que también bajaría drásticamente el gasto de capital nacional este año”, indicó IERAL.