Sobreseyeron a Cristina Kirchner en un causa vinculada a los cuadernos de las coimas

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Sospechas de corrupción

Lo decidió el juez Marcelo Martínez De Giorgi. Investigaba coimas en los subsidios a empresas de colectivos. No hay manera de probar si los hubo o no.

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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi sobreseyó a Cristina Kirchner y a más de 200 imputados en un expediente vinculado a la causa de los cuadernos de las coimas. Es el que investigó el presunto pago de coimas por parte de las empresas de colectivos que recibían subsidios del Estado. El juez dice que, por la complejidad del sistema de subsidios y el tiempo transcurrido, es imposible probar si hubo sobornos o no.

El año pasado, el fallecido juez Claudio Bonadio la había procesado como jefa de una asociación ilícita dedicada a organizar y cobrar esos sobornos. Los delitos eran «asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta». Pero la Cámara de Casación anuló esa decisión y después de varios meses el magistrado decidió dictar el sobreseimiento. En otra causa vinculada al caso cuadernos, la Cámara sí confirmó la ampliación de una acusación contra la actual senadora y candidata a vicepresidenta.

El sobreseimiento para la vicepresidenta, se dictó en la investigación sobre los subsidios al servicio de transporte de colectivos. Para Bonadio, los supuestos retornos por parte de las empresas beneficiadas con los subsidios fueron parte de una «maniobra delictiva» que se estructuró desde el Ministerio de Planificación Federal.

La acusación central del caso Cuadernos, ratificada en varias instancias de la Justicia, y por la que Cristina fue enviada a juicio, es que primero su marido y luego ella dirigieron una asociación ilícita que «desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y su finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente».

En este tramo ahora cerrado por Martínez de Giorgi, se había planteado que Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi como secretarios de Transporte; Julio De Vido, -ex ministro de Planificación Federal-, y los interventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Roque Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro como «partícipes de la maniobra», causaron un perjuicio al Estado de casi 610 millones de pesos.

La maniobra consistía en ​entregar subsidios superiores a los que correspondían para poder recibir las coimas. Pero los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ordenaron que la investigación se profundice.

Después de que se ordenaran una serie de medidas de prueba para cumplir con esa orden, el juez Martínez De Giorgi a cargo del juzgado que perteneció a Bonadio, dictó ahora el sobreseimiento de Cristina Kirchner.

Tras una evaluación completa e integral, se descartó la existencia de las «diversas circunstancias fácticas de los eventos investigados», y en consecuencia no se logró dilucidar «la existencia de un obrar delictivo tendiente a lograr un beneficio particular a costa del interés público, a través del otorgamiento u obtención indebida de los mencionados subsidios al transporte automotor de pasajeros».

En la resolución a la que accedió Clarín, Martínez De Giorgi indicó que fueron solicitados diversos informes al Ministerio de Transporte y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, «pero no se logró obtener información concreta y certera que permita sostener la imputación efectuada en el marco del presente expediente».

Frente a los sucesivos pedidos del Juzgado, «las respuestas ofrecidas por esos organismos fueron invariablemente negativas. Éstos informaron reiteradamente que no era posible determinar si se habían entregado subsidios indebidos y, menos aún, conocer sus montos o cantidades -ya sea en dinero o en cupos de gasoil a precio diferencial», explicó el magistrado.

En su momento, Bonadio había argumentado que los acusados eran «comandados por Cristina Kirchner» y armaron un sistema de recaudación que posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes «superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes». Esa maniobra ilegal «pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014. Los subsidios se entregaban de dos maneras: en dinero y en cupos de gasoil a precio diferencial».

Al respecto, al sobreseer a Cristina Kirchner y 213 imputados, Martínez De Giorgi planteó que «los sistemas de distribución de los subsidios eran extremadamente complejos y es imposible realizar en la actualidad, dado el tiempo transcurrido y la carencia de datos certeros -en los términos a los que hiciera referencia el Superior en su intervención». Además añadió que esta extrema complejidad «sumado al tiempo transcurrido desde los hechos investigados y la ausencia de datos fehacientes deriva en la segunda cuestión: la imposibilidad de realizar peritaje alguno que permita aclarar los hechos investigados».

Es por este motivo y luego de más de seis años de instrucción y «sin medidas útiles por producir, las consideraciones efectuadas en los párrafos precedentes conducen indefectiblemente a los sobreseimientos de los imputados», resolvió el juez Martínez De Giorgi, ya que entendió que es imposible «conocer los datos históricos y de realizar estudio alguno que contribuya a aclarar los hechos».

A la fecha, Cristina Kirchner quedó procesada con confirmación y enviada a juicio oral sólo en la causa principal de Cuadernos y en dos expedientes conexos: la cartelización en la obra pública y los subsidios a los trenes. 

f:Clarín