Esta semana los camaristas podrían precisar si se pide el juicio contra la Vicepresidenta y sus hijos por el desvió de fondos a través de los hoteles en El Calafate.

Se acerca otra mala noticia para Cristina Kirchner, en torno a su situación procesal. Es que después de la decisión de la Corte Suprema de expulsar a la jueza K Ana María Figueroa, de la Cámara de Casación Penal, por haber cumplido la edad para jubilarse, el tribunal podría definirse, esta semana, sobre la causa Hotesur-Los sauces.

Es que los dos miembros restantes de la Sala I de la Casación Federal, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, estarían ultimando los últimos detalles de la sentencia por el caso unificado de lavado de dinero que involucra además de la Vicepresidenta, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Al parecer los magistrados estarían de acuerdo en elevar a juicio la causa que investiga a las dos empresas de la familia Kirchner que fueron imputadas por maniobras de blanqueo por millones de dólares, supuestamente provenientes de los sobreprecios de la obra pública nacional que los gobiernos de Néstor primero, y Cristina después, atribuían a su socio y amigo, Lázaro Báez.

De hecho, desde el entorno de los camaristas se conoció que la sentencia estaría definida antes de fin de este mes, pero en las últimas horas el medio Clarín, informó que quizá para fines de esta semana se dicte el fallo, por el cual la ex mandataria, estaría más que preocupada tras la salida de su última aliada en la Casación.

Es que desde el mes de febrero pasado está vencido el plazo para que el tribunal federal dicte sentencia sobre el hecho, pero Figueroa mantenía parado el expediente para negociar con el Senado su prórroga por cinco años más en el cargo. Sin embargo, el fallo de la Corte la dejó fuera de juego definitivamente.

Por lo que se espera que los dos camaristas restantes, que estarían de acuerdo en que se continúe con el proceso judicial correspondiente, es decir que se lleve a cabo el juicio oral contra la familia Kirchner, sus socios comerciales, Báez y Cristóbal López, y algunos imputados más por las maniobras fraudulentas.

De este modo, la líder del Senado, se enfrentaría a un nuevo proceso judicial como acusada, más allá del que sucedió en la causa validad, en donde fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por corrupción.