Nota extraída de La Nación por Joaquín Morales Solá

El expresidente Alberto Fernández quedó muy complicado con la denuncia de su expareja, Fabiola Yáñez; las razones de fondo y el rumbo que podría tomar la causa.

Columna publicada originalmente en La Nación

Por fin, la grave información sobre violencia de genero perpetrada por el expresidente Alberto Fernández salió del territorio de las filtraciones periodísticas cuando su expareja Fabiola Yáñez formalizó una denuncia concreta ante del juez federal Julián Ercolini. Sucedió ayer, luego de que Yáñez rechazara hacerlo hace ya varias semanas y ante el mismo juez.

Los trascendidos se respaldaban en información cierta. Las fotos de la agresiones existen. Nadie que las haya visto tomaría como cierto el pretexto de que se trató de fuertes discusiones, salvo que se crea que la mujer se caía por una escalera mientras le gritaba a su pareja cada vez que discutían. Imposible casualidad.

Según las pruebas coincidentes (las fotografías y los mensajes escrito y los audios de WhatsApp), Alberto Fernández golpeó varias veces a su entonces pareja, Fabiola Yáñez, en la residencia de Olivos. El caso es doblemente grave: un presidente de la Nación en ejercicio golpeó a la primera dama en una dependencia del Estado, como es la casona de Olivos donde viven los presidentes.

Ese límite no se había cruzado nunca hasta ahora, que se sepa al menos. Yáñez y Alberto Fernández están definitivamente separados; ella vive en Madrid, en un departamento que compraron, según les contó a unos interlocutores en el Vaticano cuando fue, hace unos meses, para participar de un evento de la Fundación Scholas Occurrentes. El precio de los inmuebles en Madrid es uno de los más caros de Europa. ¿Lo compró ella o lo compró Alberto Fernández? ¿Quién lo pagó? A su vez, el expresidente vive en Buenos Aires, en el viejo departamento que ocupaba en Puerto Madero antes de que la suerte (y Cristina Kirchner) lo trasladara a Olivos.

¿Quién vio fotos de Fabiola Yáñez golpeada y con moretones? Muy pocas personas. Los que hicieron el trabajo forense sobre el teléfono de la exsecretaria de Alberto Fernández, María Cantero; la propia Fabiola Yañez; algunos (muy pocos) colaboradores del juez Julián Ercolini y el magistrado. El juez fue tan restrictivo con el acceso a esas fotos que ni siquiera se las mostró al fiscal Carlos Rívolo, que es el que investiga el caso de la exsecretaria María Cantero con los seguros.

Consultado por LA NACION, Rívolo aseguró: “Sé que la carpeta reservada existe, pero el juez Ercolini, que se movió con mucha prudencia, no me mostró las fotos”. Colaboradores del magistrado aseguran que la decisión del juez consiste en no revictimizar a la víctima difundiendo imágenes e información sobre los hechos que sufrió.

En rigor, Ercolini entendía que no era necesario que la justicia federal siguiera hurgando en el caso de la violencia contra una mujer porque ese no es caso de jurisdicción federal; corresponde a la justicia provincial de Buenos Aires. Ayer, Ercolini recibió la denuncia de Fabiola Yáñez, pero tanto él como el fiscal Rívolo están analizando qué harán. Conocidos penalistas sostienen que Ercolini deberá declararse incompetente y enviar la denuncia a la justicia de la provincia de Buenos Aires, porque lo hechos sucedieron en Olivos y son jurisdicción de la justicia ordinaria.

Yáñez, que no quiso ver las pruebas encontradas en el teléfono de María Cantero -secuestrado por la Justicia-, se manifestó la primera vez renuente a formular la denuncia, pero su actitud de entonces la mostró predispuesta a cambiar de opinión. Cambió en el mediodía de ayer cuando se despachó ante el juez de la peor manera contra quien fue presidente de la Nación hasta hace ocho meses.

Había entre ellos una situación de extrema tensión desde hace tiempo. Las pruebas que hay en el teléfono de Cantero (y que dispararon el escándalo de ahora) son las fotos, audios y mensajes que la propia Yáñez le mandó a la entonces secretaria de Alberto Fernández contándole las cosas que sucedían en su relación de pareja con el entonces presidente.

El juez Ercolini no quiso quedar con el uso exclusivo de esa información y envió la carpeta reservada a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. Funcionarios judiciales se manifestaban impotentes porque ni siquiera esa Oficina estaba en condiciones de hacer una denuncia sobre el caso. Se trata de un delito de instancia privada; la Justicia solo podía avanzar si Yáñez formulaba la denuncia en los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Pero ayer Fabiola Yáñez se decidió por el juez Ercolini, que es juez federal y tiene serias limitaciones para hacerse cargo de un caso de violencia de genero.

Si todo fue como asegura la exprimera dama, Alberto Fernández no cometió un delito nuevo ni vulneró una nueva condición moral cuando agredió a su entonces pareja. La obligación del hombre de no golpear a una mujer, en ninguna circunstancia ni con ningún argumento, viene desde que la humanidad descubrió la civilización, sobre todo en Occidente. Desde ya, que la existencia de golpeadores de mujeres es una realidad que ocurrió, ocurre y ocurrirá. Llama la atención que el colectivo de mujeres “Ni una menos” no se haya pronunciado ni tampoco los grupos supuestamente feministas que simpatizan con el kirchnerismo. El derecho de las mujeres chocó contra la ideología. Otra vez.

Ercolini nunca fue amigo de Alberto Fernández, según cuentan funcionarios de tribunales y docentes de la Facultad de Derecho. “Solo se conocieron en la facultad”, dijo uno de ellos. El rumor de la supuesta amistad de Alberto Fernández con el juez surgió de parte del expresidente cuando no tenía ningún problema con el magistrado.

Alberto Fernández sí es amigo de Ariel Lijo, el candidato a juez de la Corte Suprema que tiene muchas y graves impugnaciones. Por eso Fernández se pronunció a favor del acuerdo senatorial a Lijo para ser juez supremo y, por eso también, se encontraron en el teléfono de María Cantero mensajes de WhatsApp del hermano del juez Lijo, el operador de Comodoro Py Alfredo “Fredy” Lijo.

Tampoco Ercolini fue enemigo de Fernández, pero éste lo recusó porque cuando él era presidente lo denunció al juez y a otros magistrados y funcionarios que viajaron a la Patagonia (a Lago Escondido, más precisamente) durante un corto fin de semana.

En diciembre último, el juez Sebastián Ramos cerró esa causa y sobreseyó a todos los acusados por Fernández porque consideró que no se probó ningún delito, porque el viaje correspondió a la vida privada de los involucrados y porque encontró una conducta “irregular” en la actuación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que habría sido la que distribuyó fotos e información de ese viaje de jueces.

Un presidente de la Nación que acusa a jueces por información que obtiene de conversaciones telefónicas privadas, pinchadas ilegalmente, es también un hecho violento de parte de quien tiene el poder. Pero, ¿se puede recusar a un juez porque alguien lo denunció o habló mal de él? Si fuera así, sería muy fácil sacarse de encima a los jueces que no les gustan a los investigados. La única recusación con serio respaldo se produce cuando un juez habló mal de una persona investigada por él o hizo trascender su opinión sobre una causa en sus manos; en estos casos, pueden recusarlo por enemistad manifiesta o por prejuzgamiento.

Seguramente, la Cámara de Casación, la más alta instancia penal del país, rechazará la recusación de Alberto Fernández a Ercolini. Este juez, quien al igual que el fiscal Rívolo, cuenta con prestigio en los tribunales federales, seguirá investigando el caso de los seguros, expediente que encontró nuevas pruebas cuando tropezó con los interminables chats de María Cantero con su esposo, el broker de seguro Héctor Martínez Sosa.

Es extraño que Cantero haya retenido su teléfono y toda la información que estaba dentro de él cuando debió saber que un allanamiento podía caerle a ella y a su esposo en cualquier momento. En cambio, en poder de Martínez Sosa no encontraron ni el teléfono. Martínez Sosa es un importante broker en el mundo de los seguros, pero algo raro se tramó a la sombra de Alberto Fernández desde el momento en que este tomó dos decisiones contradictorias e incoherentes. Por un lado ordenó que todas las dependencias y organismos del Estado contrataran sus seguros con Nación Seguros, el grupo asegurador del Banco Nación, el principal banco estatal del país.

Por otro lado, habilitó las gestiones de brokers privados de seguros, entre los que estaba Martínez Sosa, quien se habría llevado la mayor parte de las comisiones que Nación Seguros pagó. Ahora bien, ¿para qué los organismos públicos necesitaban de un broker que hiciera de intermediario con Nación Seguros si estaban obligados a asegurarse con esta aseguradora estatal?

Ese es el centro nodal de la probable ejecución del delito con los seguros. ¿Seguirá Alberto Fernández pretextando que su secretaria de “extralimitó”? Solo hay dos posibilidades: o María Cantero era la que realmente mandaba en el gobierno de Alberto Fernández o éste sabía todo lo que se urdía con los seguros al lado mismo de él. ¿Por qué la secretaria le regalaba corbatas al Presidente? En la vida común, ¿no sucede acaso al revés? ¿No son los jefes los que le hacen regalos a las secretarias? Funcionarios de los tribunales de Comodoro Py señalaron que es probable que Ercolini no tarde mucho en citar a declaración indagatoria a todos los involucrados en esta causa, incluido Alberto Fernández. La información recolectada hasta ahora por el juez y el fiscal ya es mucha.

Al contrario de lo que se dice, la Justicia estableció que hubo una coordinación permanente entre Alberto Fernández, María Cantero y su esposo Héctor Martínez Sosa, quien era, además, amigo personal del entonces presidente de la Nación. Fuentes judiciales no descartan que el caso se investigue como asociación ilícita, aunque también se estudian otras variantes como defraudación al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Los pocos amigos que le quedan a Alberto Fernández señalan que hay una campaña política y periodística para desprestigiar al expresidente. ¿Existen los chats entre su secretaria María Cantero y su esposo Martínez Sosa hablando hasta el cansancio de negocios dentro del Estado? ¿Existieron las pruebas de la violencia física ejercida por el expresidente contra una mujer, su expareja? ¿Existe ahora la denuncia formal de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández por haberla golpeado y hostigado? Las respuestas afirmativas a esas preguntas son lo único que importa. Por lo demás, Alberto Fernández se fue muy mal del gobierno y no necesita que nadie ayude a su desprestigio personal.