Están ubicadas en Neuquén y Río Negro y hoy las administra el gobierno nacional. Desde hace años, las jurisdicciones buscan formar parte de la discusión. “Estamos trabajando en un planteo judicial” aseguró el diputado provincial Mariano Mansilla.

Mientras la economía del país tambalea por la presión que ejerce la suba del dólar, en la Patagonia hay otra puja que enciende las alarmas en el Gobierno. En agosto de este año vence la concesión de las represas hidroeléctricas ubicadas en los ríos Limay y Neuquén, que hoy administra el Estado nacional y fueron otorgadas a empresas privadas. La intención de las provincias, y en la que trabajan desde hace años legisladores de Neuquén y Río Negro, es que vuelvan a la órbita de sus provincias, una vez que finalicen los contratos actuales.

El contrato fue firmado en agosto de 1993 por un plazo de 30 años. Según establece lo pactado, las centrales deben ser revertidas sin cargo al concedente, es decir, al Estado nacional. Allí se abre una discusión política con implicancias judiciales. Nación asegura que las represas pertenecen al Estado nacional porque afectan directamente al interconectado de energía eléctrica, mientras que las provincias se aferran a la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que estableció que los recursos naturales son de las provincias.

“Estamos de acuerdo en una estrategia común y esperamos que esto se aclare, pero estamos trabajando en un planteo judicial por si esto avanza sin participación de las provincias. Tengo un borrador para darle a ambos gobernadores”, confió el diputado provincial Mariano Mansilla a TN. Y agregó: “También trabajamos en un proyecto de Ley sobre quién va a operar las provincias cuando se venzan las concesiones. Creemos tener el mismo derecho de Nación, por eso no nos parece que nos quieran imponer de hecho una operatoria inconstitucional”.

Respecto de la postura de Nación, en la provincia se muestran escépticos. “No lo han comunicado formalmente en realidad. Vino la secretaria de Energía a un encuentro en el marco del coloquio IDEA y dijo que Nación se iba a hacer cargo, que no iban a renovar las concesiones y en ese tránsito vamos a hablar con las provincias. Nos quedamos helados” afirmó el diputado provincial de UNE a TN. El caso es que Flavia Royón contó la decisión del Gobierno de manera informal, aunque luego la ratificó en un encuentro con autoridades provinciales.

Días atrás, el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro, advirtió luego de reunirse con Royón que “no van a prorrogar las concesiones hidroeléctricas”. Y añadió: “el gobierno nacional nos manifestó que tiene diseñada una hoja de ruta. Una vez que la conozcamos en detalle y nos saquemos todas las dudas, van a ser los gobernadores quienes definan si consensuamos con ese trabajo o consideramos que hay que hacerle modificaciones”.

En la misma sintonía, este martes en diálogo con Radio Calf el funcionario explicó: “Le propuse a Royón tener voz y voto en la definición del marco contractual de cada uno de los emprendimientos. También queremos discutir las regalías: hemos sido perjudicados desde el año 2013, nunca nos reconocieron el valor real de la energía”.

En tanto, Mansilla insiste en que la maniobra perjudica a la provincia. “Meses atrás nos dijeron que iban a renovar las concesiones por un año y le manifestamos que no estábamos de acuerdo con la prórroga porque la operación no requería ninguna cuestión técnica en particular y le elevamos un montón de informes. Todas las represas están en condiciones de seguir operativas, no hay que hacer ninguna inversión importante hasta dentro de 50 años. Parece que en estos dos meses los avivamos y decidieron hacerse cargo ellos y mientras discutir con las provincias cómo participamos”, advirtió.

Según sostienen en la provincia, los neuquinos tienen el mismo derecho que Nación de hacerse cargo de las represas a partir de agosto. Incluso desde el bloque legislativo afín al oficialismo provincial señalan que podrían hacerse cargo de hecho, porque hay un vacío legal, que además buscan ocupar. “Imagino algún borrador de una ley que prevea que nosotros nos hagamos cargo hasta tanto se resuelva la situación”, remarcó Mansilla.

“Nación no tiene ni idea de cómo se opera una represa, nosotros somos especialistas. Todos los profesionales se han formado acá, es el lugar con mayor cantidad de represas del mundo”, subrayó el diputado a este medio. “La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas podría perfectamente administrar las represas, conoce a la perfección su funcionamiento”, sumó. En la AIC las provincias integran el organismo en partes iguales, junto con Nación.

Las represas hidroeléctricas en disputa son Alicurá -operada por la empresa AES Argentina; El Chocón y Arroyito, administradas por Enel Generación; Planicie Banderita, gerenciada por Oroazul Energy; y Piedra del Águila, a cargo de Central Puerto.