La presidenta de la Bicameral planteó la necesidad de crear mecanismos legales para exigir explicaciones a exfuncionarios.

La presidenta de la Comisión Bicameral Examinadora de Cuentas de la Legislatura provincial, Patricia Hucena, aseguró que presentará un proyecto de ley para que exfuncionarios públicos estén obligados a comparecer y dar explicaciones institucionales sobre el manejo de fondos y obras ejecutadas durante sus gestiones.

Las declaraciones surgen luego del análisis del informe definitivo de auditoría financiera sobre el Fondo de Reparación Histórica (FRH), donde la legisladora volvió a cuestionar las demoras, inconsistencias y falta de controles detectados en distintas obras.

Hucena señaló que todavía resta un informe clave por concluir y explicó que la comisión continuará evaluando la documentación pendiente. Como ejemplo de las irregularidades observadas, mencionó el caso de la planta depuradora de líquidos cloacales de Orán.

“Según el informe, para esa obra había un monto asignado de 37 millones del Fondo de Reparación Histórica, pero solo se utilizaron 11 millones de esos recursos y la Provincia tuvo que adicionar otros 67 millones”, detalló.

La diputada afirmó que, pese a la inversión total cercana a los 78 millones, la obra apenas alcanzó un avance físico del 65,20% y nunca fue concluida. “Se gastó más del doble y hoy esa planta es obsoleta”, sostuvo.

Así, Hucena advirtió sobre lo que definió como un “vacío institucional” en los mecanismos de control de la función pública. “Cuando el funcionario deja el cargo, ya no vuelve a responder ante la Legislatura y todo queda entre lo mediático o lo judicial”, cuestionó.

La legisladora consideró que debe existir una obligación formal para que exfuncionarios comparezcan y den explicaciones sobre decisiones tomadas durante sus mandatos. “Esto es un problema real del sistema”, afirmó.

Además, explicó que durante la auditoría se registraron demoras incluso para notificar a exautoridades involucradas en los expedientes analizados.

Hucena aclaró que su planteo no apunta contra personas en particular, sino a fortalecer los mecanismos institucionales de control y trazabilidad de la gestión pública. “No estoy nombrando personas ni voy en contra de nadie. Estoy haciendo un análisis institucional y creo que eso hay que subsanarlo con una ley”, concluyó.

El auditor reconoció varias cosas gravísimas, habló de obras inconclusas, de adelantos financieros que se dieron sin ejecución y del inconveniente clave, que es la falta de documentación y expedientes incompletos”, sostuvo Patricia Hucena.

La legisladora aseguró que durante la reunión el auditor Marcos Segura Alzogaray reconoció irregularidades vinculadas a obras inconclusas, adelantos financieros sin ejecución y falta de documentación respaldatoria.

“El auditor reconoció varias cosas gravísimas, habló de obras inconclusas, de adelantos financieros que se dieron sin ejecución y del inconveniente clave, que es la falta de documentación y expedientes incompletos”, sostuvo Hucena.

La diputada explicó que esa ausencia de documentación llevó a la Auditoría General de la Provincia a abstenerse de emitir una opinión definitiva sobre distintos aspectos del manejo de los fondos. “Nosotros tenemos que evaluar cuentas generales del ejercicio y la abstención no nos dice ni sí ni no”, cuestionó.

Hucena también remarcó que durante la exposición se reconoció la existencia de fuertes diferencias internas dentro del organismo de control. “Él mismo reconoció que había una disidencia interna fuerte, incluso dijo que era más fuerte de lo habitual. Ese término me llamó mucho la atención”, señaló.

Otro de los puntos cuestionados por la legisladora fue el alcance parcial de la auditoría. Según indicó, de las 176 obras previstas originalmente solo se analizaron 80 proyectos, aunque esos expedientes representan cerca del 87% de los fondos del FRH.

Además, sostuvo que el análisis se enfocó principalmente en aspectos financieros y no en auditorías de gestión vinculadas a la ejecución concreta de las obras.
La presidenta de la bicameral también apuntó contra las demoras en el proceso de control y recordó que el período auditado corresponde a los años 2012 a 2019, mientras que el trabajo de campo comenzó recién en 2020.

“Estamos en 2026 y el informe definitivo salió hace menos de un mes”, remarcó.

En ese sentido, confirmó que las cuentas generales correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019 todavía no fueron aprobadas por la Legislatura debido a la falta de información y expedientes solicitados desde hace varios años por la comisión. “Aquí hay una tardanza extrema que ellos mismos reconocen”, concluyó.