Amplió el objeto social de Transclor en plena privatización de la compañía estatal, cuyo proceso de venta acaba de ser prorrogado por el Gobierno
Puntos importantes
Mauricio Filiberti modificó estatutos de Transclor para invertir en servicios públicos, señalando interés en la privatización de AySA.
Transclor, proveedora clave de AySA desde los 90, ahora puede participar en sociedades prestadoras, ampliando su rol a inversor.
La reforma legal, publicada el 28/8, coincide con la venta de AySA, que prorrogó el plazo de ofertas al 15 de septiembre.
Mientras el Gobierno decidió postergar por unas semanas la venta de AySA, uno de los empresarios que más interés mostró por quedarse con la compañía hizo un llamativo movimiento en una de sus empresas.
Lo hizo justo cuando los potenciales compradores se encuentran terminando de definir las estructuras con las que competirán por el control de la mayor prestadora de agua y saneamiento del país.
El empresario Mauricio Filiberti quiere quedarse con AySA
Se trata de Mauricio Filiberti, uno de los accionistas de Edenor junto con Daniel Vila y José Luis Manzano, y propietario de Transclor, compañía que produce principalmente derivados de cloro-soda y productos químicos esenciales para la industria electroquímica en Argentina.
Además, la empresa mantiene desde hace años una estrecha relación comercial con AySA como proveedora de productos utilizados para la potabilización del agua.
En concreto, Filiberti acaba de ampliar el objeto social de Transclor para incorporar la posibilidad de realizar inversiones y participar en empresas prestadoras de servicios públicos, una actividad que hasta ahora no aparecía expresamente entre los negocios habilitados por su estatuto.
La decisión fue adoptada por una asamblea extraordinaria celebrada el 19 de agosto, pocos días antes del vencimiento original para presentar las ofertas por AySA, y quedó plasmada este viernes 28 a través de una publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
La modificación mantiene las actividades industriales, comerciales y de servicios que constituyen el negocio tradicional de Transclor, pero agrega un capítulo financiero y comercial que amplía el campo de acción de la compañía.
Es decir, el texto conserva la posibilidad de industrializar, fraccionar, comercializar, comprar, vender, importar, exportar, almacenar, transportar y distribuir materias primas, productos y subproductos relacionados con la industria química.
El nuevo artículo también contempla tareas de asesoramiento, consultoría y administración, explotación de patentes y marcas y participación en licitaciones públicas y privadas.
Sin embargo, la principal novedad aparece en las facultades de inversión incorporadas al artículo tercero ya que, a partir de ahora, Transclor puede efectuar inversiones de capital y aportes financieros y participar directa o indirectamente en sociedades y empresas.
Lo puede hacer tanto por cuenta propia como mediante compañías controladas o vinculadas o en asociación con terceros.
Además, quedó habilitada para adquirir acciones, títulos y valores y concretar operaciones comerciales y financieras relacionadas con esas inversiones.
El estatuto incorpora una precisión también relevante por el momento en que fue aprobada la reforma.
Al identificar las sociedades en las que puede participar, menciona «en especial» a las personas jurídicas prestadoras de servicios públicos, aunque excluye las operaciones comprendidas por la Ley de Entidades Financieras y aquellas que impliquen captar ahorro del público.
El documento no menciona a AySA ni establece que Transclor vaya a utilizar esas nuevas facultades para participar de su privatización.
Sin embargo, el momento elegido para ampliar el objeto social constituye una nueva señal del interés de Filiberti por la compañía estatal, ya que la reforma fue aprobada mientras el empresario analiza competir por su control y pocos días antes de la fecha que originalmente había fijado el Gobierno para recibir las propuestas.
El salto de proveedor a inversor
La particularidad del interés de Filiberti está en la relación que construyó con la empresa estatal que ahora estaría analizando comprar.
Transclor desarrolla desde comienzos de la década de 1990 actividades vinculadas con la producción, comercialización y distribución de derivados del cloro-soda y otros productos químicos y participa de la cadena de abastecimiento de AySA mediante insumos necesarios para el proceso de potabilización.
Su principal establecimiento se encuentra en el Parque Industrial de la localidad bonaerense de Pilar, donde informa una capacidad de producción de 100.000 toneladas anuales.
La compañía posee además una unidad productiva en Bernal especializada en policloruro de aluminio, conocido como PCA o PAC, un coagulante utilizado para remover impurezas durante el tratamiento del agua.
La propia Transclor señala que las inversiones realizadas en esa planta le permiten abastecer de policloruro de aluminio a las plantas potabilizadoras operadas por AySA.
A esa relación se suma la provisión de cloro líquido, otro insumo utilizado dentro del proceso para la desinfección del agua antes de su distribución.
El vínculo quedó reflejado en diferentes procedimientos de contratación como en 2023, cuando Transclor fue la única oferente en una licitación de AySA por alrededor de u$s127 millones destinada a la operación y mantenimiento de la planta de policloruro de aluminio de Bernal y al suministro del producto.
El procedimiento recibió cuestionamientos y denuncias de dirigentes opositores y posteriormente fue anulado.
AySA lanzó luego otra compulsa para la operación, mantenimiento y provisión de PAC, por alrededor de u$s115 millones, en la que participaron Transclor y PPE Argentina.
En diciembre de 2024, además, el directorio de la prestadora aprobó una ampliación por u$s5,35 millones de una orden de compra correspondiente a la provisión de cloro líquido para potabilización a favor de Transclor.
El empresario también participa desde hace años en otro servicio público regulado junto con los empresarios Manzano y Vila como parte del grupo de accionistas que controla Edenor, la distribuidora eléctrica que atiende el norte y oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Una eventual inversión en AySA profundizaría esa presencia en servicios públicos y tendría una escala considerablemente mayor que la relación comercial que hasta ahora mantiene Transclor con esa sociedad del Estado.
Un saneamiento previo a la privatización
En este contexto, AySA llega al proceso de venta después de un reordenamiento económico que modificó buena parte de la situación que presentaba al finalizar el 2023.
La empresa venía de años de resultados deficitarios y una elevada dependencia de transferencias públicas para sostener su funcionamiento, mientras que durante los últimos dos ejercicios avanzó con una recomposición tarifaria, reducción de gastos y revisión de inversiones.
Según el balance de gestión difundido por la compañía, AySA cerró el 2025 con un superávit económico neto de $237.000 millones y financió sus gastos operativos sin aportes del Tesoro Nacional.
La empresa comparó ese resultado con un déficit operativo de $1,048 billones registrado en 2023 a valores constantes y señaló que las transferencias estatales recibidas durante 2025 fueron destinadas a gastos de capital.
El reordenamiento alcanzó también al endeudamiento financiero en el cual AySA informó una reducción del 85% en el capital de la deuda que había reestructurado en diciembre de 2023.
De los u$s298,2 millones originales quedaban pendientes u$s46,5 millones, correspondientes al último vencimiento previsto para mayo de este año, mientras que la empresa también recurrió al mercado mediante un fideicomiso financiero por $30.000 millones para fortalecer su capital de trabajo.
En materia de infraestructura, el período incluyó la puesta en marcha del Sistema Riachuelo, una de las mayores obras de saneamiento ejecutadas en el Área Metropolitana, destinada a ampliar la capacidad de transporte y tratamiento de efluentes cloacales y beneficiar a más de 4,5 millones de habitantes.
La dimensión de la concesión permite medir el activo que analiza Filiberti junto con los demás interesados si se tiene en cuenta que AySA opera en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano, dentro de un área superior a 3.300 kilómetros cuadrados en la que viven más de 15 millones de personas.
Cerca de 11,5 millones reciben agua potable y aproximadamente 9,7 millones cuentan con servicio de saneamiento como parte de una infraestructura que comprende más de 25.500 kilómetros de redes de agua y alrededor de 19.000 kilómetros de redes cloacales, además de plantas potabilizadoras, establecimientos depuradores, estaciones de bombeo, pozos y otras instalaciones.
Por ahora, el Estado Nacional posee el 90% del capital y el 10% restante corresponde a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
La Ley Bases declaró a AySA sujeta a privatización y posteriormente el Gobierno modificó su marco regulatorio y aprobó un nuevo contrato de concesión en mayo pasado, cuando el Ministerio de Economía convocó la Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple 504/2-0003-LPU26, un procedimiento sin precio base destinado a transferir a un único operador estratégico la totalidad de las acciones pertenecientes al Estado.
Herencia que no desaparece con la venta
De todos modos, el saneamiento financiero de AySA no elimina las necesidades de inversión que acompañan a la concesión.
Antes de abrir la privatización, el Gobierno dejó establecido un esquema regulatorio que fija obligaciones de prestación, mantenimiento, mejoras y expansión para los primeros años posteriores al cambio de control.
De hecho, AySA atraviesa actualmente el último tramo del Plan de Acción de Transición 2024-2026 y desde enero próximo comenzará el Primer Ciclo Tarifario 2027-2031, mientraslas obligaciones que permanezcan pendientes al terminar la etapa actual continuarán dentro de ese nuevo período bajo responsabilidad de la concesionaria.
Por otro lado, la Agencia de Planificación aprobó para ese ciclo el Plan Director de Mejora Estratégica 2027-2031, que establece lineamientos para las obras básicas de infraestructura, identifica necesidades de inversión y financiamiento y contempla objetivos de ampliación y extensión de los servicios hacia sectores donde todavía existe demanda insatisfecha de agua potable y saneamiento.
Sobre esa planificación, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento aprobó el 20 de agosto paado el Plan de Acción 2027-2031.
El programa organiza las obligaciones de AySA alrededor de cuatro componentes vinculados con obras, mejoras, mantenimiento y operaciones y determina las acciones que deberán desarrollarse durante el período.
El esquema incluye una Matriz de Cumplimiento Anual de Metas para controlar el desempeño de la concesionaria ejercicio por ejercicio.
El operador deberá mantener las condiciones de continuidad, regularidad, calidad y generalidad del servicio y completar las intervenciones que se trasladen desde la etapa de transición dentro de los plazos establecidos.
La regulación también fija parámetros económicos que los potenciales compradores deben incorporar al análisis de la empresa.
Para el período 2027-2031 se estableció una Base de Activos Regulatorios inicial de $790.074,6 millones y una tasa de costo de capital real de 8,90% y nominal de 11,36%, variables que forman parte de la ecuación económico-financiera prevista para la concesión.
El próximo controlador quedará, además, sometido a la fiscalización del ERAS y de la Agencia de Planificación y deberá presentar los planes, estudios e información requeridos por esos organismos.
Las condiciones definidas antes de la privatización determinan así una parte de los recursos que deberá destinar a la compañía durante el próximo ciclo regulatorio.
El desafío de convertirse en operador de servicios públicos
La ampliación del objeto social despeja una cuestión societaria para Transclor, pero no resuelve las condiciones técnicas que Filiberti debe cumplir para convertir su interés en una propuesta admisible.
Durante el proceso inicial de venta de AySA hubo preguntas de varios competidores sobre si alcanza con acreditar experiencia en uno de los servicios sanitarios o si el operador debía demostrar antecedentes tanto en agua potable como en desagües cloacales.
La respuesta del Gobierno fue que todos los interesados deben reunir experiencia en ambos y la documentación contempla además una trayectoria de cinco años en ese negocio.
La exigencia obliga a Filiberti a buscar un operador especializado con el cual estructurar una eventual presentación, por lo cual queda claro que las conversaciones mantenidas durante las últimas semanas apuntaron a completar ese componente técnico mediante una asociación que reúna los antecedentes necesarios para superar la evaluación prevista por la licitación.
En la misma posición se encuentra el Grupo Roggio, que aparece también entre los interesados locales y que cuenta con antecedentes en el sector a través de Aguas Cordobesas, concesionaria del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba.
El holding desarrolla además actividades de infraestructura y participa en otros servicios regulados mediante compañías como Emova y Metrovías.
Entre los operadores extranjeros que siguieron el proceso aparece Sabesp, responsable de los servicios de agua y saneamiento en San Pablo y una de las mayores compañías sanitarias de América Latina.
También figura Aegea Saneamento, uno de los principales operadores privados de Brasil y controlador, entre otras concesiones, de Águas do Rio.
Pero esos jugadores solamente pueden competir integrándose a asociaciones con inversores locales que necesiten sumar antecedentes sanitarios.
La prórroga que reabrió el tablero
El Gobierno agregó esta semana 19 días al cronograma que tenían los interesados y ahora las propuestas que debían presentarse originalmente el 27 de agosto, pasaron para el 15 de septiembre próximo, cuando vencerá el nuevo plazo y se realizará la apertura correspondiente.
La resolución del Ministerio de Economía que amplió ese período atribuyó el cambio a «consideraciones de oficio» y sostuvo que busca promover una participación amplia y garantizar los principios de concurrencia, competencia, publicidad y transparencia.
A partir de esa instancia comenzará el análisis de los participantes de acuerdo con las condiciones establecidas en la documentación de la licitación.
Los grupos que resulten habilitados podrán continuar dentro del procedimiento que posteriormente avanzará hacia la instancia económica para definir la adjudicación del paquete estatal.
F:IProfesional
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