Era «gesta épica», fue pesadilla: Alberto dio marcha atrás con Vicentin tras un revés judicial y ante la primera protesta masiva

La población del interior rural manifestará su rechazo a lo que considera un atentado contra la propiedad privada. El peronismo corre riesgo de fisura …

A esta altura, Vicentin ya está trayéndole a Alberto Fernández más costos que beneficios, políticamente hablando. De hecho, ya se la puede considerar su primera derrota política. 

Hoy tendrá que soportar la protesta de los productores en toda la zona agrícola, que robará todo el protagonismo del feriado por el día de Belgrano. Antes de eso, recibió un duro revés en el plano judicial, que hizo que la intervención quedara devaluada a algo parecido a una auditoría interna. Y, para colmo, ya son explícitas las señales de fisura interna en el peronismo, porque hay diputados que avisaron que no acompañarían la ley de expropiación.

Y para tratar de atenuar el impacto negativo de esa protesta, decidió adelantarse a lo inevitable: se dejó convencer por sus socios políticos del interior, que le explicaron que no había margen como para imponer la estatización en una opinión pública hipersensible.

El error de cálculo quedó al descubierto: luego de haber sostenido que la expropiación era el único camino posible, después de haberse peleado con periodistas y con dirigentes empresarios, Alberto Fernández debió rendierse a la evidencia y admitir que el proyecto de estatización de la cerealera no pudo ser. Ahora buscará una fórmula que no incluya la estatización.

Todo un golpe para el núcleo duro del kirchnerismo, que se había entusiasmado con una nueva gesta épica y con la promesa de tener una «YPF del agro» que por fin intervendría en un sector al mismo tiempo estratégico y hostil, que resulta clave en el manejo del mercado cambiario.

De «aprobación express» a pesadilla política

Lo cierto es que lo que en un principio parecía casi un trámite en el Congreso –la consecución de la mayoría parlamentaria para votar la estatización de la cerealera- en los últimos días fue puesto en duda. Como en un «revival» de la recordada resolución 125 –la que imponía retenciones móviles a la exportación sojera-, los legisladores peronistas de las provincias productoras dieron claras señales de que la presión de sus bases se hace sentir.

Un mensaje contundente para el Gobierno fue el de los diputados nacionales cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, que el viernes avisaron que no acompañarían una estatización lisa y llana. Ayer mantuvieron un contacto con la Mesa de Enlace agropecuaria cordobesa, ante la cual se comprometieron a explorar alternativas.

«Pueden estar tranquilos de que Unión por Córdoba, como venimos haciendo hace 20 años, no vamos a participar en ninguna maniobra que provoque un daño a los cordobeses«, dijo el diputado Carlos Gutiérrez, quien recordó que durante la crisis de hace una década por la 125, el hoy gobernador había mantenido una postura de alineamiento con los intereses de los productores.

En Santa Fe, donde está la sede de Vicentin, la presión es aun mayor, como quedó evidenciado durante la semana por las nuevas manifestaciones y «bocinazos» de rechazo a la expropiación.

Estas protestas habían entrado en un impasse luego de la reunión entre Alberto Fernández y Sergio Nardelli, CEO de Vicentin, que había abierto la expectativa de una negociación para una «alternativa superadora». Pero lo cierto es que con el paso de los días el Presidente volvió a mostrarse convencido de la estatización como única alternativa, lo cual motivó que los ánimos volvieran a caldearse.

La protesta que se inició en la zona de influencia de Vicentin se extenderá a todo el interior agrícola

Las protestas –convocadas bajo la forma de un «banderazo» nacional- tendrán su epicentro en toda la zona núcleo agrícola, que incluye principalmente a Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y norte de la provincia de Buenos Aires.

Los organizadores intentaron correr el eje de la discusión sobre Vicentin -sobre la cual también hay enojo de los productores-, dado que el default de la cerealera dejó más de 2.300 acreedores en un serio quebranto financiero. En cambio, la protesta está centrada en la defensa de la propiedad privada, ante lo que se ve como una ofensiva del gobierno para intervenir en el sector empresarial y, sobre todo, poner un pie en el negocio agrícola.

El gobernador de Santa Fe, en su laberinto

Posiblemente la persona más incómoda con toda esta situación haya sido el gobernador santafesino, Omar Perotti, quien debe buscar un difícil equilibrio para no romper con el gobierno pero, al mismo tiempo, transmitir un mensaje de tranquilidad a sus bases de apoyo político.

No fue casual que Perotti haya sido la persona elegida por Alberto Fernández para hacer las veces de mediador. Ni que ahora aparezca como el principal esponsor de una solución que implique la capitalización de las deudas con los productores y el paso al costado del Estado.

Tras aquella reunión mantenida en Olivos con el CEO de Vicentin, el gobernador fue el encargado de comunicar a la prensa la tregua de 60 días en la que se buscará que la intervención indague «alternativas superadoras» a la estatización lisa y llana. Y tampoco es casualidad que el mandatario provincial haya enfatizado en el concepto de «rescate» por encima del de «expropiación».

Omar Perotti, un gobernador atrapado entre la lealtad al Presidente y el reclamo de sus bases

Con su alusión al arraigo de las empresas familiares y al aprecio que le tiene la población del interior rural, Perotti dio todo un mensaje político: no hay una condena sino una visión comprensiva sobre las protestas que se generaron esta semana y se procurará aventar los fantasmas del kirchnerismo en su faz más agresiva.

Horas antes de la reunión, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había adelantado el tono con el que Alberto Fernández quiere manejar el tema: se trata de un caso excepcional y no de la avanzada de una ofensiva estatizante. Y, por si quedaban dudas, dijo: «no vamos camino a ser Venezuela».

Pero esos supuestos mensajes tranquilizadores no alcanzaron para calmar a una opinión pública hiper sensible, que tenía fresca la memoria histórica de la pelea por la 125.

La intervención, transformada en una auditoría

Lo cierto es que las cosas derivaron en un sentido político muy diferente al imaginado por el Gobierno, con la opinión pública del campo en contra, y ahora también con un fallo judicial que deja al gobierno en una situación incómoda.

En contra de todas las predicciones, el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini hizo lugar a una medida cautelar solicitada por Vicentin y ordenó reponer en la dirección del directorio a los dueños de la cerealera por un plazo de 60 días. Además, el magistrado estableció que el interventor designado por el Poder Ejecutivo quede como veedor.

En otras palabras, que el rol del interventor Gabriel Delgado, a quien se lo veía casi como el encargado de reconvertir la compañía en una «YPF del campo«, ahora quedará acotado al de un mero auditor interno que no tendrá otra autoridad que la de revisar las cuentas.

El juez hace referencia también al contexto económico de la pandemia y dice que por eso «cobra especial relevancia en el actual contexto de crisis financiera y económica, la magnitud empresaria de la sociedad concursada».

«Estamos en presencia de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos. Por lo tanto, su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales», dijo.

Traducido, el juez ve peligro de que bajo una gestión de funcionarios estatales, la compañía pueda empeorar su situación al punto de ver comprometida su continuidad. La decisión judicial debilita el proceso que el Gobierno suponía que se estaría produciendo a esta altura, ya casi con la estatización «cocinada» en el senado.

Y, sobre todo, deja al descubierto un error de cálculo político: lejos de mostrarse complacidos por poder cobrar sus acreencias, los pobladores rurales de Santa Fe, cuya vida personal y productiva está ha estado íntimamente ligada a Vicentin desde hace varias generaciones, tomaron la medida del Gobierno casi como una amenza a su estilo de vida.

Es entendible la situación por la que debe estar pasando Perotti. En su propio gabinete hubo expresiones de rebeldía ni bien se conoció el anuncio de Alberto Fernández anticipando la expropiación. Su ministro de producción, Daniel Costamagna, rechazó abiertamente la iniciativa. Ya en la previa se había mostrado explícitamente en contra, y luego del anuncio se quejó de haber sido «puenteado» por el ministro Matías Kulfas.

Y Perotti, sin desautorizarlo, intentó un equilibrio mediante el apoyo al salvataje estatal y el gerenciamiento en manos de YPF Agro, pero evitando pronunciarse sobre la conveniencia de una estatización lisa y llana.

Hubo otras advertencias de una posible fisura peronista. Como la del Eduardo Duhalde, quien realizó declaraciones con cierto tono de «apriete» para con Alberto Fernández. Dijo que, a pesar de no haber hablado con el Presidente, igualmente lo felicitaba por adelantado porque sabía que habría de resolver el problema sin que Vicentin terminara en un proceso de estatización.

Duhalde suele reflejar el punto de vista del peronismo tradicional del interior, ligado a las gobernaciones provinciales. Y su declaración fue leída en el ámbito político como una advertencia en el sentido de que si el tema de la expropiación llegaba a un debate parlamentario, podría sufrir el rechazo de parte del peronismo no kirchnerista.

Alberto se rindió a la evidencia

Con una manifestación en el interior rural, después de haber sufrido una derrota en la justicia y con la perspectiva de una situación en el Congreso –donde podía perder o, en el mejor de los casos, obtener una «victoria pírrica» con una fisura peronista-, Alberto Fernández no tuvo más remedio que admitir su error de cálculo y dar una marcha atrás que se parece mucho a una derrota política. 

Lo que en principio fue una postura inflexible sobre una estatización de la empresa dejó lugar a otras alternativas que incluyen la figura de una gestión mixta.

Por estas horas, la posibilidad a la que están apostando los políticos del interior implica que las deudas de Vicentin con los productores se capitalicen. Es decir, que los acreedores pasen a ser accionistas, con capacidad de incidir en el rumbo de la compañía.

Mientras tanto, lo dispuesto por el juez Lorenzini vuelve a poner al concurso de acreedores como protagonista central -por encima de la decisión política- para la definición del futuro de Vicentin.

Lo cierto es que en apenas dos semanas todo cambió. Para el Gobierno, el tema ya dejó de tener saber a una nueva «gesta épica», como la reestatización de YPF en 2012, para transformarse en un primer episodio serio de impopularidad. Algo de lo cual da pauta la irritabilidad que muestra Alberto Fernández cada vez que se le pregunta públicamente por el tema.

Mientras busca una forma de salir de ese atolladero político, Alberto Fernández vivirá hoy su primer Día de Belgrano como presidente, en una situación anómala. Sin visita a Rosario, sin escolares agitando banderas, y viendo por TV un «banderazo» de protesta por parte de aquellos a quien suponía que iban a estar agradecidos por la intervención de Vicentin.