Desde el oficialismo revelaron que hay varias irregularidades en los ministerios y señalaron que hallaron aumentos discrecionales.

En respuesta a la “rebelión de los mozos” en la Casa Rosada por la suspensión de horas extras, el Gobierno decidió realizar una auditoría interna para verificar la asignación y el cumplimiento del tiempo de trabajo en Balcarce 50, sede del Ejecutivo. La medida fue tomada después de descubrir irregularidades en ministerios y organismos descentralizados.

Según fuentes gubernamentales, se suspendieron las horas extras debido a prácticas irregulares, como empleados que no cumplían con el tiempo de trabajo asignado y aumentos discrecionales. 

“Queremos cortar con la ilegalidad de que un director pueda darle aumentos a través de horas extra no trabajadas a los empleados con los que tenga simpatía, mientras que otros que realiza las mismas tareas y horas no reciben nada”, expresó un funcionario en diálogo con el medio TN.

Y agregó: “Las horas extra a dedo, indiscriminadas, no van más. El que las trabaja, las cobra. Las horas extras no deben ser un sueldo. Los sueldos, en todo caso, se negocian en el marco del convenio colectivo, con los gremios”.

El Gobierno planea realizar un reordenamiento basado en las necesidades específicas de horas a cubrir para cada actividad, y este plan será presentado por cada ministerio a la Jefatura de Gabinete liderada por Nicolás Posse. Se espera que esta reestructuración permita un uso más eficiente y equitativo de las horas extras, bajo la línea de que “al que trabaja se le paga y se queda y el que no se va”.

Aunque no se ha proporcionado información sobre el ahorro exacto resultante de la suspensión de las horas extras y la reorganización planificada, se destaca que el objetivo es eliminar pérdidas y garantizar una mayor efectividad en el uso de los recursos.

En cuanto al diálogo con los trabajadores de la Casa Rosada, se está definiendo quién será el interlocutor del oficialismo. Los trabajadores, que incluyen a mozos, choferes, cocineros y personal administrativo, buscan dialogar con Nicolás Posse o con la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, hasta el momento no han logrado establecer contacto con ninguno de ellos.

Por ahora, este viernes se realizó una asamblea de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para informar a los empleados y discutir posibles medidas de fuerza, incluyendo la posibilidad de un paro, además del paro general del 24 de enero convocado por la CGT.

La cúpula del Ejecutivo planea abordar la situación con los empleados, considerando aumentos salariales para reducir la dependencia de las horas extras. Esta decisión se basará en los resultados de la auditoría interna que se llevará a cabo.