El oficialismo debió presentar una nueva versión del proyecto referida a la movilidad jubilatoria, tras la negociación con las demás fuerzas políticas; cómo serán las dos formas de actualización de haberes

La llamada ley ómnibus que se debate en comisiones e incluye diversas modificaciones que afectan la vida económica, política, social, fiscal, de seguridad, entre otros tópicos, de los argentinos impacta también en el sistema previsional, más precisamente a los jubilados y pensionados de todo el país.

Debido al rechazo de gran parte de la oposición a los cambios que no incluían una modalidad de actualización en los haberes, sino aumentos discrecionales por parte del Gobierno, el oficialismo negoció con las demás fuerzas políticas y retiró el artículo de la ley.

Así la negociación del oficialismo con los sectores dialoguistas, en respuesta a los pedidos de los legisladores del Pro, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, desembocó en la presentación de una nueva versión del proyecto que, luego de tratarse en comisiones, puede tener nuevos cambios en el debate en Diputados.

Jubilaciones: qué cambios introdujo el Gobierno al proyecto de la ley ómnibus

De esta manera, y tras la negociación legislativa, el apartado que se enfoca en los jubilados, quedó definido con un reajuste bajo dos modalidades. Hasta el mes de marzo, inclusive, se mantiene la fórmula de actualización implementada por el kirchnerismo, que pautaba reajustes trimestrales tomando como referencia la variación salarial y la recaudación de impuestos, pero que dejaba las cifras finales por debajo del índice de inflación. Desde abril, en tanto, se aplicará una fórmula que considere el IPC (índice de Precios al Consumidor) que difunde el Indec (Instituto Nacional de Estadística y Censos) para su cálculo definitivo.

En el capítulo sobre movilidad jubilatoria, el oficialismo remarca que “va a cumplir con el ajuste trimestral que les corresponde a todos los jubilados en marzo respetando la fórmula actual” y que, a partir de abril, “comienza una actualización automática por inflación mensual, en base al último dato de inflación disponible del Indec”.

El Gobierno considera que así “se les garantiza a los jubilados que mantengan su poder adquisitivo”; sin embargo, al mantener la fórmula vigente hasta el mes de marzo, los haberes quedarán desactualizados respecto de la suba de precios de los meses de enero y febrero, que son de los más altos cada año.

Al momento se mantiene sin cambios el artículo por el cual el Gobierno propone traspasar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) al Tesoro, aunque existe la expectativa en los diputados disidentes de realizar cambios cuando se realice el tratamiento en el recinto. En este punto, la oposición propone que parte de los recursos del Fondo se utilicen para condonar las deudas de las provincias con la Anses y pagar los flujos adeudados y futuros de las cajas de jubilaciones no transferidas de 13 provincias.

Entre las modificaciones presentadas al inicio de la semana también figura la eliminación de las jubilaciones de privilegio para presidente y vicepresidente.

Ahora el oficialismo buscará que la ley ómnibus sea tratada en el recinto de la Cámara Baja el próximojueves. De todos modos, aún no se dio a conocer el texto oficial que llegará al recinto de la Cámara de Diputados, puesto que en la última reunión de comisiones se incluyeron más cambios por pedido de los gobernadores.

Cuánto cobra un jubilado en enero y febrero de 2024

En el primer y segundo mes del año se conservan los montos del mes de diciembre y se entrega una asistencia económica a los titulares con haberes más bajos.

Tanto en enero como en febrero de 2024 se mantienen los montos del mes de diciembre de 2023, cuando los haberes se habían incrementado en un 20,87% respecto de los percibidos en noviembre. Este aumento es válido para las jubilaciones y pensiones, pero también para las demás asignaciones sociales que distribuye la Anses.

Las jubilaciones mínimas quedaron en $105.712,61, y ese es el valor que casi un 65 por ciento de los titulares del régimen general percibirá mensualmente, de no mediar cambios en el corto plazo.