La cifra fue establecida por Ley en los tiempos del dictador Jorge Rafael Videla y nunca se abolió.

Para llegar al máximo cargo de la Iglesia católica, un arzobispo debe atravesar una serie de requisitos y alcanzar una formación académica notable, ya que el puesto no es para principiantes. Esas condiciones los hacen «merecedores» de una parte del presupuesto estatal. Este dato nos lleva a preguntar ¿Cuánto cobra un sacerdote en Argentina? 

En primer lugar hay que aclarar dos situaciones. Los haberes que perciben las autoridades católicos (religión principal en el país) provienen de dinero del Estado. En muchos casos, los fondos son depositados en sus cuentas bancarias, pero no son precisamente utilizados en beneficio propio, ya que los destinan en gastos para su comunidad. 

Dicho todo esto, compartiremos un listado vigente en noviembre del año pasado (2022) en el que se detallan las sumas aproximadas. Al día de hoy se encuentran actualizadas, pero no publicadas oficialmente.

Cuánto cobran por Ley:

• El 21.540 dispone que los obispos y arzobispos eméritos -retirados- reciban una asignación mensual equivalente al 70% del sueldo de un juez nacional de primera instancia: 506.000 pesos en septiembre pasado (cuando el sueldo de esos jueces era de 722.456 pesos según el Consejo de la Magistratura);
• El 21.950 dispone que obispos y arzobispos reciban por mes el 80% del sueldo de un juez nacional de primera instancia: unos 578.000 pesos;
• El 22.162 les da a curas de parroquias de frontera o «zona desfavorable» un sueldo «equivalente al de la categoría 16 de la administración pública nacional»;
• Y el 22.430 les otorga una jubilación mínima a curas mayores de 65 años que hayan ejercido al menos cinco años en el país.

Pero hay más leyes de la dictadura vigentes:

• Según el decreto-ley 22.552, firmado por Leopoldo Galtieri, «los vicarios capitulares o administradores apostólicos que cubren vacantes en arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados» cobran también 578.000 como los obispos;
• Y finalmente, Reynaldo Bignone, a través del decreto-ley 22.950, le otorgó un salario a cada seminarista católico «equivalente al sueldo de la categoría 10 de la administración pública nacional».

f: QPS