Un ex inspector del organismo recaudador en la seccional de Mar del Plata denunció haber sufrido 5 inspecciones en la empresa familiar en lo que va del año

Una vieja maniobra del kirchnerismo para perseguir opositores sigue vigente durante el Gobierno de Alberto Fernández: se trata de las fiscalizaciones reiterativas que realiza la AFIP contra empresarios.

En este caso, un informe de Tribuna de Periodistas, revela el caso de una familia propietaria de dos hoteles en la ciudad de Mar del Plata que, en lo que va del 2022, ya sufrió 5 fiscalizaciones tanto de la AFIP como el ministerio de Trabajo o el propio sindicato de los gastronómicos con una maniobra que reviste cierta arbitrariedad y sobrepasa los limites legales.

La familia en cuestión es apuntada ya que uno de sus integrantes, Manuel Rodríguez, fue un importante funcionario de carrera de la propia AFIP que, casualmente, formó parte del grupo de agentes que fiscalizó desde 2013 las empresas del empresario K Lázaro Báez en Bahía Blanca y que formaban parte del emporio “Austral Construcciones”.

Dichas investigaciones formaron parte de la toneladas de pruebas que la fiscalía presentó a la Justicia en el juicio de Vialidad y que encontró a la vicepresidente, Cristina Kirchner, culpable y condenada a la pena de 6 años de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Una catarata de fiscalizaciones

Las primeras fiscalizaciones se llevaron adelante en los meses de febrero, marzo y julio y nunca se encontró nada fuera de la ley. Sin embargo, por si no fuera suficiente, el 10 de septiembre otra inspección se llevó adelante, esta vez comandada por el Ministerio de Trabajo y la seccional local de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA).

Sobre aquella situación, Rodríguez reveló algunos detalles: “Tuvimos una inspección en el hotel que pertenece a mi familia, que estuvo acompañada por dos personas del sindicato. Estuvieron cerca de 40 minutos y al finalizar, uno de ellos pretendía ingresar en habitaciones del segundo piso. Lo cierto es que había huéspedes allí y solo se puede acceder mediante una orden de allanamiento judicial”.

Y continuó: “Luego llegó Pablo Santín (titular local de UTHGRA) y tuvieron al hotel tomado virtualmente durante 30 minutos. Allí amenazaron con hacer una protesta con bombos y platillos”.

Otra fiscalización sucedió tan solo 20 días después y fue realizada por la propia AFIP. Allí nuevamente el ente recaudador no halló nada comprometedor pero Santín radicó una denuncia penal contra Manuel Rodriguez y su hermana, Marcela por “privación ilegítima de la libertad”. En la presentación sostiene que en una de las inspecciones mantuvieron encerradas a algunas de las empleadas en una habitación para que no sean encontradas por los inspectores ya que no estaban regularizadas.

Sin embargo, la misma fue desestimada por inexistencia de delito por parte de la fiscal Andrea Gómez, titular de la UFI Nro. 4.

Para finalizar, el 7 de noviembre, el Ministerio de Trabajo dio por finalizada la inspección “sin acta de infracción ni determinación de diferencias”. Y para la AFIP, de la fiscalización, “no surgieron ajustes”, por lo que la misma “no reviste interés fiscal”.

“Nunca jamás hemos sufrido semejante atropello y agresividad por parte del Estado, ni siquiera en las épocas más rancias y oscuras de la dictadura”, se lamentó Rodríguez.