La formularon los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Carbajal y Pedro Galimberti, el jueves pasado y quedó radicada en el juzgado de Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano.

El presidente Alberto Fernández fue denunciado por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes por haber firmado esta semana el decreto que, de manera retroactiva, dispone que Ana María Figueroa siga siendo jueza en la Cámara Federal de Casación pese a que el 9 de agosto pasado había cumplido 75 años y que la Corte Suprema de Justicia informó que había cesado en su cargo por alcanzar el límite fijado en la Constitución Nacional, sin tener para esa fecha un nuevo nombramiento del Senado.

También aparecen acusados el ministro de Justicia Martín Soria y el jefe de Gabinete Jorge Rossi, candidato a vicepresidente, ya que también firman el decreto que se publicó el martes pasado en el Boletín Oficial.

La primera denuncia la formularon los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Carbajal y Pedro Galimberti, el jueves pasado y quedó radicada en el juzgado de Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. “Nombrar a una persona que ya no posee los requisitos legales para ser Jueza es ilegal y delictivo. También lo es la designación retroactiva en un cargo ya extinguido. Las nuevas designaciones son para ‘mantener’ en el cargo a quien lo viene ejerciendo, no para reinstalar en el mismo a quien ya ha cesado, como es el caso de Figueroa”, sostuvieron.

Este viernes, una nueva denuncia por parte del abogado Pedro Pablo Pusineri, que es profesor de UCEMA y USAL, fue asesor en la Cámara de Diputados y es consejero del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

Ya había denunciado el 10 de agosto a Figueroa por “usurpación de títulos y honores”. “La denuncia es como ciudadano y hombre de derecho. Esto es un hecho gravísimo porque es un poder del Estado que desconoce de un resolución del más alto tribunal en materia constitucional que es la Corte Suprema”, dijo a Infobae. Este expediente fue sorteado en el juzgado de Sebastián Ramos, con la intervención de Carlos Stornelli.

El objeto de la denuncia es el mismo: el decreto 502/2023 que Alberto Fernández, Soria y Rossi firmaron y que reza: “Nómbrase, por el término de CINCO (5) años a partir del 9 de agosto de 2023, VOCAL DE LA CÁMARA FEDERAL DE CASACIÓN PENAL a la doctora Ana María FIGUEROA (D.N.I. Nº 4.677.857), quien oportunamente fue nombrada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para desempeñar dicho cargo mediante el Decreto N° 1896 del 21 de noviembre de 2011 y trasladada mediante el Decreto N° 143 del 4 de febrero de 2013″.

Figueroa era la presidenta de la Cámara de Casación Penal y tenía bajo su órbita la revisión de dos fallos claves para la política: resolver si mandaba a juicio a Cristina Kirchner en las causas Los Sauces-Hotesur y Memorándum con Irán, porque los tribunales orales que intervenían resolvieron a fines de 2021 sobreseerla. El 9 de agosto pasado, cumplió 75 años. Durante todo este año, el oficialismo intentó aprobar su pliego en el Senado para mantenerla durante cinco años más, pero las cosas se complicaron porque se perdió el quórum en el Senado.

Figueroa siguió yendo a su despacho, aunque no firmó fallos. En sintonía con el viceministro de Justicia Juan Martín Mena, dijo que había que esperar que el Senado completara el año parlamentario porque se trataba de un acto complejo y existían otros casos cuyos pliegos se aprobaron después de los 75. Pero para esa altura Casación ya había enviado copias a la Corte y al Consejo de la Magistratura advirtiendo que Figueroa podría haber cesado en sus funciones aquel 9 de agosto.

El 5 de septiembre, Casación llamó a un plenario que encabezó la propia Figueroa. Ella dijo que evaluaba pedir licencia. El debate era si para esa altura podía hacerlo: ¿era aún jueza? Postergaron la reunión para el dia siguiente. Hubo un cuarto intermedio.