La misma fue radicada en los tribunales de Comodoro Py por los legisladores opositores Waldo Wolff, Federico Angelini, Pablo Torello, Gisella Scaglia, Álvaro de Lamadrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli.
“El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley”, argumentan los firmantes en la denuncia.
Según sostienen, el decreto 522 publicado este martes en el Boletín Oficial viola varios artículos de la Constitución nacional, que de acuerdo a su interpretación “prohíbe al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales otorgar facultades extraordinarias por las cuales la fortuna de los argentinos quede a merced de personas o gobierno alguno”.
La denuncia también insiste en que no existen circunstancias que “justifiquen la intromisión del Poder Ejecutivo en un procedimiento concursal, más que como parte, si tuviera un interés legítimo”.
Además, agrega que “la decisión del Poder Ejecutivo Nacional viola el sistema republicano de Gobierno, pues invade potestades propias de la competencia judicial de la Provincia de Santa Fe, donde está radicado el proceso concursal mencionado”.