La iniciativa llegó al Congreso luego de la denuncia de Fabiola Yañez contra el expresidente. “Esa conducta deplorable agravia sin lugar a dudas la investidura presidencial”, advirtieron.

Un grupo de diputados del PRO, compuesto por Silvana Giudici, Hernán Lombardi, Sabrina Ajmechet, Karina Bachey, José Nuñez, Ramón Bianchetti, Florencia de Sensi y Patricia Vázquez, presentó un proyecto para que el expresidente Alberto Fernández deje de recibir beneficios previsionales, honores y trato especial.

Los legisladores propusieron modificar la Ley 24.018 de Jubilaciones y Pensiones, cuyo artículo primero establece que “el Presidente, el Vicepresidente de la Nación y los Jueces de la Corte Suprema de la Nación quedan comprendidos en el régimen de asignaciones mensuales vitalicias que se establecen en el presente capítulo a partir del cese en sus funciones”. La diputada Silvana Giudici explicó que esta norma se fundamenta no solo en el desgaste propio de quienes han ocupado altos cargos en el Estado, sino también en el reconocimiento de la dignidad y el honor asociados a tales funciones.

Giudici subrayó que es precisamente esa dignidad la que las altas autoridades deben mantener durante el ejercicio de sus cargos, y que esto define la posibilidad de acceder a los beneficios y honores una vez que finalizan sus funciones. «Cuando esa dignidad se ve manchada, como en casos de condenas por malversación de fondos, corrupción sistemática o conductas impropias que evidencian falta de moral o comportamientos delictivos, es necesario reevaluar los privilegios otorgados en función de la condena judicial», agregó.

Los diputados del PRO sostienen que las personas comprendidas en la ley de jubilaciones y pensiones deberían quedar excluidas de este sistema especial cuando sean condenadas por delitos cometidos durante su función pública. Además, proponen que, en casos de delitos relacionados con corrupción, incumplimiento de deberes de funcionario público y especialmente delitos contra la integridad sexual, el beneficio cese si la condena es ratificada en segunda instancia.

Giudici y los demás diputados remarcaron que “la transparencia, la justicia y la equidad deben ser los pilares sobre los cuales se construye cada decisión y acción”. Añadieron que la integridad personal de los mandatarios, libre de corrupción y delitos penales, es esencial para mantener la confianza pública en las instituciones y asegurar la estabilidad política y económica del país. «Cualquier conducta contraria socava la confianza en el gobierno y debilita las instituciones democráticas. Un presidente o expresidente imputado por corrupción u otros delitos no solo traiciona la confianza del pueblo, sino que perpetúa ciclos de injusticia y desigualdad», aseguraron.

Además, los diputados propusieron eliminar las consignas de seguridad asignadas por la Casa Militar a los expresidentes condenados por delitos cometidos durante su gestión presidencial. La iniciativa será remitida a las comisiones correspondientes, entre ellas la de Previsión Social.