domingo, septiembre 25

El Gobierno busca qué anunciar, y una luz de alerta se enciende por la inflación

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Nota extraída de Clarín por Walter Schmidt

Los principales sectores productivos esperan una propuesta concreta desde Economía que aún no llega. Y los mercados se preguntan hasta cuándo.

No es una tarea sencilla la de mostrar un dinamismo de gestión a partir de anuncios casi a diarios, cuando no hay qué anunciarSergio Massa intenta mostrarse como un ministro de Economía resolutivo, pero si no se puede definir qué incentivos darle al campo para que liquiden los preciados dólares, qué solución darle a los distintos sectores para que se hagan de dólares para las importaciones, qué herramientas novedosas se podrán contar para combatir la inflación, o de dónde surgirán los dólares para engordar las pobrísimas reservas del Banco Central, el dinamismo se convierte en un espejismo.

Un economista que conoce bien a Massa tiene serias dudas acerca de hasta cuándo el mercado acompañará esta calma. “El mercado está tranquilo, pero sigue apostando a una devaluación entre el 20 y 30% y dentro de no muchos días, puede empezar a marcar el pulso”, deslizó.

El kirchnerismo ha eliminado de su diccionario las palabras “ajuste” y “reforma”. El ajuste se lleva a cabo y quedó plasmado con el 7,4% de inflación, la más alta en 20 años, y se reflejará esta semana -si es que finalmente se anuncia- en quiénes pagarán un aumento de sus tarifas de gas y luz. La “reforma” en materia tributaria o laboral es algo que no figura en los planes inmediatos, mucho menos de quien detenta el verdadero poder, Cristina Kirchner.

Por lo tanto el rol del ministro de Economía queda limitado, por ahora, evitar que la situación empeore. O como dijo el domingo a Clarín e economista Rodolfo Santángelo, “salvarnos del descenso”. No mucho más.

Massa aún no se reunió con las cámaras de los sectores productivos claves, como la UIA. La interpretación que hacen allí y en otras cámaras es que “no tienen nada para ofrecernos, entonces prefiere dilatar un encuentro”. Como sucedió el fin de semana en la reunión con la Mesa de Enlace, Massa no llevó ninguna propuesta al campo sino que sólo se limitó a escuchar. “El plazo es mañana, el país no está en situación de esperar ni de estar debatiendo a largo plazo”, aseguró tras el encuentro uno de los miembros de la cúpula agropecuaria.

El relato de un empresario acerca de un encuentro con Alberto Fernández es preocupante. “Lo ví mal; caído, abatido, entregado. Y un ministro al día siguiente coincidió conmigo en que está en una etapa en la que no decide nada”. No es un comentario aislado, son varios los legisladores, dirigente y funcionarios que acompañan esa mirada. EL poder parece haber quedado en manos de una nueva sociedad, la de Cristina y Massa. Quedando Fernández con un rol devaluado.

La situación económica comienza a impactar en un pilar clave de cualquier Gobierno: la obra pública. En los dos últimos meses de Martín Guzmán, habían empezado a demorarse los pagos. En la breve gestión de Silvina Batakis, no sólo se acentuaron las demoras sino que el propio Presidente advirtió en un encuentro que las empresas debían prepararse para una demora, ya no de 30 días en los pagos, sino de entre 45 y 60 días. Tras la designación y asunción de Massa en Economía, no tienen en claro cuánto impactará.

Pero tanto empresarios como el gremio de la construcción –UOCRA- que encabeza Gerardo Martínez, tienen en claro que habrá algún golpe a la obra pública porque nada mejoró sustancialmente en la economía desde la gestión Batakis hasta hoy, para que no sea así.

Aducen que además de las demoras, otro problema lo genera la redeterminación de precio, las fórmulas a través de las cuales se ajustan los costos de las obras por el paso del tiempo. Cuando la inflación es alta, el cálculo se termina distorsionando, por lo que las empresas terminan recibiendo menos que el costo, y afrontarlas deja de ser rentable. Incluso, en ítems muy concretos como el costo del transporte de cargas, el desfasaje llega a ser entre el 10 y el 20%.

“Esto provoca que algunas obras se paralicen, y es lo que ha empezado a ocurrir”, asegura una empresa constructora que trabaja con el Estado.

El Gobierno, a través del ministro de Obra Pública, Gabriel Katopodis, ha manifestado su voluntad de reparar ese desfasaje pero lleva tiempo, porque se trata de fórmulas que debe corregir el Indec, y las necesidades “son para ayer”. Además, el Ejecutivo pasa por una situación de necesaria austeridad, de recorte del déficit fiscal.

Es una situación que ocurre en periodos de alta inflación como en los últimos años del gobierno de Cristina, en el 2018 durante la gestión de Mauricio Macri y ahora, en la administración de Alberto y Cristina.

Desde Obras Públicas señalan que Katopodis tiene reuniones periódicas con la Cámara y con la UOCRA para garantizar el ritmo de ejecución y afirman que hasta ahora no hay problemas, aunque admiten una puja por las redeterminaciones de los precios pero creen que habrá acuerdo.

“Venimos con una ejecución del 50% para el primer semestre del año y planeamos llegar bien, a casi el 100% a fin de año”, aseguran. En un 2022 cuya proyección de ejecución sería de más de $600 mil millones.

Esta situación podría impactar fuerte en los próximos meses. Mientras, en junio, se batieron todos los récords históricos del consumo de cemento, sobre todo la venta por bolsas –no, a granel-, que marca que se trata de pequeñas obras –refacciones, trabajos pequeños en una casa- producto de que los pesos queman y, quienes tienen dólares, aprovechan la brecha del tipo de cambio. Eso sí, toda esa actividad suele ser en negro.

Cristina Kirchner cree erróneamente, que el costo político de un ajuste lo pagarán Alberto y Massa, y que el ministro de Economía podría ser el candidato presidencial por el Frente de Todos que le asegure, aunque pierda en las elecciones presidenciales, que el resultado no sea tan malo como si el que participará fuera el Presidente. De esa manera, Massa le facilitaría conservar la provincia de Buenos Aires. Una gran elucubración que no tiene en cuenta si la gestión económica no es un éxito.

Lo que nadie prevé es la reacción de la vicepresidenta, si es condenada en la causa por el redireccionamiento de la obra pública –o Vialidad-, que Cristina politizó con los planteos de recusación de los fiscales Luciani y Mola. En los cálculos del Instituto Patria no estaban la vehemencia y apasionamiento con que el fiscal acusa y se defiende ante la campaña de desprestigio. Luciani logró reflotar un tema como la supuesta corrupción K a través de Lázaro Báez, que parecía haber sido naturalizado por la sociedad, convirtiéndolo en la descripción de un mecanismo de lavado de dinero que en ningún momento logran refutar, tanto la defensa de Cristina como las del resto de los acusados.

Hay coincidencia en los ámbitos políticos y judiciales, en que el fallo de la causa estaría para fin de año y no para el año próximo. Ocurre que ningún tribunal quiere tener protagonismo alguno durante 2023, cuando se lance el año electoral.

Columna publicada originalmente en Clarín