En una reciente auditoría, se detectaron desvíos de fondos y recursos en el 60% de los establecimientos. Entre los más complicados, se encuentran los pertenecientes al Movimiento Evita.

En una auditoría realizada a 400 comedores comunitarios de Santa Fe, de un total de 900, se descubrieron irregularidades en 160 de ellos, lo que llevó a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano provincial, Victoria Tejeda, a presentar una denuncia judicial para investigar el destino de los fondos destinados a la asistencia social. 

Desde enero, el gobierno de Santa Fe inició un relevamiento sobre la distribución de la ayuda social en los comedores debido a sospechas de posibles malversaciones durante la gestión anterior de Omar Perotti.

Las acciones del gobierno liderado por el radical Maximiliano Pullaro se alinean con la postura de Javier Milei, quien también denunció supuestas irregularidades en la gestión de comedores comunitarios en mayo pasado. Esta situación contribuyó a la reciente crisis en el Ministerio de Capital Humano, tras denuncias cruzadas por falta de entrega de alimentos almacenados en Buenos Aires y Tucumán. 

Según el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), entre el 7 de febrero y el 26 de abril, el 52,3% de los 2646 establecimientos relevados no pudieron ser validados como comedores o merenderos.

En el caso específico de Santa Fe, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano detectó irregularidades en 160 de los 400 comedores auditados hasta el momento, aunque el monitoreo aún no está completo debido al total de 900 establecimientos en la provincia.

Se encontraron fondos asignados a comedores inexistentes y titulares de tarjetas alimentarias que desconocían su existencia. Se sospecha que parte de estos fondos fueron manejados por organizaciones políticas y sociales. El gobierno de Pullaro aún no ha revelado los detalles sobre los responsables de estas irregularidades, en respuesta a una consulta de LA NACION.

La primera denuncia fue presentada por Tejeda el 21 de febrero pasado, señalando “irregularidades advertidas desde las dependencias del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano en el marco del procedimiento de control del esquema de distribución de fondos que tienen por destino la ayuda social de carácter alimentario”.

Según el documento al que LA NACION tuvo acceso, la denuncia señala que “se ha procedido a relevar los domicilios denunciados por los responsables de la recepción de fondos como lugar de asiento de las actividades de asistencia social sin que se haya podido verificar la existencia de actividad vinculada a la entrega de víveres”.

Otra irregularidad detectada es el cobro de dinero mediante la tarjeta alimentaria. En la denuncia presentada en la fiscalía de Santa Fe, se menciona que “se han recabado declaraciones de responsables de tarjetas institucionales (por las que se canalizan fondos para la compra de alimentos) que manifiestan no haber realizado gestión alguna para acceder a tal programa de asistencia social”.

El 11 de abril, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano amplió la primera denuncia, incluyendo testimonios de dos presuntas víctimas que afirman “haber sido afectadas por irregularidades vinculadas a la asistencia alimentaria brindada por el ex Ministerio de Desarrollo Social”.

En una tercera denuncia, el ministerio a cargo de Tejeda incluyó irregularidades detectadas en una entidad con sede en San Lorenzo, denominada “Protegiendo Sueños”. “No podemos brindar detalles porque la investigación en curso, pero tenemos casos de suplantación de identidad, lugares inexistentes o declaración respecto a una servicio alimentario que no brindaban”, revelaron.

Desde el organismo provincial también se informó que la provincia destina más de 2.000 millones de pesos en seguridad alimentaria, a través de las tarjetas ciudadanía, Institucional y el programa Prosonut, dirigidos a los sectores más vulnerables de la población.

El secretario de Desarrollo Territorial de la provincia, Sergio Basile, destacó: “Hemos encontrado comedores inexistentes y por eso fuimos a la Justicia en febrero porque, justamente, son irregularidades graves y representan un fraude al Estado”.

“Tenemos un dato preocupante: de 400 establecimientos ya suspendimos a 160 comedores y merenderos por irregularidades tales como una plaza pública, una casa o depósitos vacíos, que nada tienen que ver con este tipo de instituciones”, añadió el funcionario.

Basile enfatizó que, en caso de desprolijidades, la provincia no interrumpirá la asistencia. Por ello, convocaron a los responsables de estos lugares para regularizar la situación. “Hay lugares que deben rendiciones desde cuatro y hasta seis meses. En el caso de que no sea así, se suspende el programa alimentario porque es un recurso que debe distribuirse mejor”, explicó.