La empresa estatal acusó al gremio de privación ilegítima de la libertad y buscará medidas legales..

Este jueves, el Gobierno confirmó el despido de 15 empleados de Intercargo, la empresa estatal encargada de servicios de rampa en aeropuertos. La desvinculación se produjo luego de que los trabajadores protagonizaran una medida de fuerza que impidió el desembarco de pasajeros en varios vuelos comerciales, una acción calificada por las autoridades como una “privación ilegítima de la libertad”.

La denuncia fue presentada ante la justicia contra la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), que representa a los empleados de Intercargo, y el Ejecutivo advirtió que endurecerá su posición contra lo que considera una “extorsión” sindical en los aeropuertos.

La situación generó una gran repercusión en las redes sociales y medios de comunicación, donde usuarios y pasajeros afectados manifestaron su indignación. El conflicto comenzó el pasado miércoles cuando, en respuesta al despido de un trabajador por demoras en la entrega de equipaje, el sindicato APA inició asambleas y bloqueó el desembarco en aeroparque y en el aeropuerto de Ezeiza.

Según APA, el despido fue arbitrario e injustificado, lo que los llevó a realizar reuniones informativas en plena jornada laboral, paralizando las operaciones de Intercargo en ambas terminales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue uno de los primeros en comunicar la decisión del Gobierno. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el funcionario expresó: “Hoy decidimos desvincular a 15 empleados de Intercargo que tomaron de rehenes a los pasajeros mediante un piquete aéreo. En la Argentina que estamos construyendo, no permitiremos estas prácticas extorsivas.” Esta declaración se enmarca en una postura más firme del Ejecutivo, que desde hace meses enfrenta varios conflictos sindicales en el sector de transporte y ahora apunta a poner fin a los “piquetes aéreos” en los aeropuertos del país.

Hoy decidimos la desvinculación de 15 empleados de Intercargo que ayer tomaron de rehenes a los pasajeros a través de un piquete aéreo. En la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión.

— totocaputo (@LuisCaputoAR) November 7, 2024

La denuncia presentada por Intercargo ante la justicia tiene como fundamento la “privación ilegítima de la libertad”, un delito grave en el Código Penal. Según la empresa, en un vuelo de LATAM procedente de San Pablo, 149 pasajeros permanecieron en el avión sin poder desembarcar debido a la acción de los trabajadores de Intercargo, quienes bloquearon el acceso a las escaleras y demás medios de desembarque. Además, se informó que en Aeroparque, la aerolínea Flybondi se vio forzada a cancelar ocho vuelos y demorar otros cuatro, afectando a más de 2,000 pasajeros.

Otras aerolíneas también se pronunciaron sobre el conflicto. JetSmart comunicó que la medida de fuerza en Ezeiza impidió el desembarco de pasajeros de vuelos que llegaron desde destinos como Bariloche, Santiago de Chile y Ushuaia, obligándolos a permanecer dentro de las aeronaves. La empresa detalló que el conflicto generó la cancelación de 18 vuelos, de los cuales 14 eran domésticos y 4 internacionales, y afectó a casi 6,000 pasajeros.

El Gobierno responde con medidas legales y plantea la disolución de Intercargo

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en una conferencia de prensa, adelantó que el Gobierno evaluará medidas drásticas para resolver la situación de Intercargo, una empresa que, según sus palabras, “ha estado secuestrada por mafias y prácticas extorsivas desde hace años”. Bullrich advirtió que “no permitiremos que los pasajeros sean rehenes de un conflicto sindical” y aseguró que el Gobierno presentará denuncias por secuestro de personas y abandono contra los responsables de estas medidas de fuerza.

Bullrich señaló que en el gabinete ya se están analizando distintas opciones, entre ellas la posibilidad de disolver Intercargo. “Estar cautivos de esta empresa es algo que se está resolviendo en estos días. Intercargo tiene que dejar de existir”, afirmó la ministra. Esta declaración refuerza la postura del Gobierno de limitar el poder sindical en los servicios de rampa y avanzar hacia una reestructuración profunda en los aeropuertos del país.