El Gobierno oficializó el cierre definitivo del INADI: “Faltaba su muerte administrativa”

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La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial tras el desmantelamiento del organismo.

El cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) fue publicado este martes en el Boletín Oficial tras casi seis meses de iniciado el proceso de desmantelamiento del organismo.

En el día de ayer, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anticipado en sus redes sociales: “Faltaba su muerte administrativa: mañana el INADI habrá dejado de existir para siempre”.

El decreto 696/2024, con firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, establece: “Disuélvase el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo (INADI), organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Justicia“.

A su vez, también se comunicó la “transferencia de la totalidad de los recursos materiales y financieros” a la cartera de Justicia, la cual deberá “elaborar y poner en ejecución la políticas nacionales para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo”.

El Gobierno sostuvo que las prórrogas “por espacio de 12 años” era la muestra del “estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones”.

“Evidencia que el diseño organizacional adoptado no resulta idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales en la materia”, indiciaron.

También señalaron “graves irregularidades” en su administración de recursos y un  “sobredimensionamiento excesivo de la estructura funcional; retrasos injustificados en la solución de denuncias y expedientes administrativos; e ineficacia e ineficiencia en la obtención de resultados concretos vinculados a la materia de su competencia”.

“El Instituto no cuenta con registros fidedignos ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023, ni tampoco con procedimientos tendientes a garantizar las tareas de control y fiscalización en la utilización de los recursos”, agregaron.