Se trata de fondos pertenecientes al Enacom, el organismo regulador de comunicaciones, de los cuales se destinaban partidas a organizaciones vinculadas al peronismo.

El Gobierno nacional oficializó la intervención del Enacom, el ente encargado de regular las comunicaciones. Esta medida, según el decreto 89/24 publicado en el Boletín Oficial, busca revisar y corregir las decisiones tomadas por la entidad que han llevado a “numerosos conflictos judiciales”. La intervención será liderada por Juan Martín Ozores, un consultor y exempleado de Movistar, que fue designado por Santiago Caputo, una de las figuras más influyentes en el Gobierno. 

El Enacom se trata de un ente autárquico y descentralizado que funciona en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Su objetivo es conducir el proceso de convergencia tecnológica y crear condiciones estables de mercado para garantizar el acceso de todos los argentinos a los servicios de internet, telefonía fija y móvil, radio, postales y televisión.

En la resolución, se argumenta que “a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones” adoptadas por el Enacom “que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”, y que esas medidas “han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas”. Para ello, ordena “llevar a cabo una ordenada y completa investigación de su actuación, resulta necesario disponer la intervención” del organismo.

En este contexto, el Gobierno llevará a cabo evaluaciones sobre fondos destinados a subsidios, como es el caso del FOMECA (Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual) y el FSU (Fondo de Servicio Universal), donde se derivaron partidas a organizaciones vinculadas al peronismo.

El Enacom se ocupa de implementar concursos de subsidios que, entre otros proyectos, apoya procesos de actualización tecnológica, mejoras de gestión y producción de contenidos audiovisuales para radios, canales y productoras de medios comunitarios.

Esta repartición de fondos llamada FOMECA permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisual (gravámenes y multas) para “fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios”. 

Sin embargo, recientemente, la oposición ha denunciado que, mediante este fondo, se destinaron alrededor de 2 mil millones de pesos al año a radios comunitarias asociadas a Grabois y a sectores mapuches. Mientras que, desde el FSU, se habrían asignado alrededor de 62 mil millones de pesos durante 2023 a cooperativas y pymes vinculadas a Sergio Massa, así como a gobernaciones peronistas como la de Salta y La Pampa.

Entre las organizaciones beneficiadas se encuentra una asociación llamada Centro de Rehabilitación y Capacitación de Residentes Salteños (cercano a Milciades Peña quien milita con Juan Grabois). Según publica Clarín, la organización habría recibido 49 millones por el FSU y unos 34 millones por medio del FOMECA. Otra fue la Asociación El Hormiguero, a la cual le habrían otorgado 48 millones por el Fondo de Servicio Universal y otros 18 millones por el FOMECA. 

Si bien se trata de medios comunitarios recibiendo dinero para obtener fibra óptica o servicio de cable, las millonarias partidas serán auditadas para ver si primó un criterio político.