Originalmente la financiación estaba autorizada para infraestructura y obra pública, pero desde la cartera económica buscan reforzar las partidas sociales en medio de la escalada inflacionaria y la fuerte recesión.

Mientras la inflación sigue escalando y la economía del país entra en recesión, el Gobierno pretende destinar el dinero de préstamos otorgados por organismos internacionales para financiar el gasto social.

Se trata de partidas que en principio fueron aprobadas para la realización de obras de infraestructura y obras públicas, que el oficialismo ya anticipó que suspenderá en el marco del plan de ajuste fiscal que lleva adelante el ministro de Economía, Luis Caputo.

El dinero proviene del financiamiento de bancos regionales, algunos internacionales y acuerdos de préstamos entre naciones aliadas, que en total suman unas 237 operaciones en curso, por un valor de 32.912 millones de dólares, según un informe del Palacio de Hacienda.

En cuanto al financiamiento desde el área que condice Caputo señalan para el 36% de los préstamos corresponden al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), un 24% del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), un 19% de créditos bilaterales y un 17% del ex banco regional CAF, ahora denominado Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

A medida que crece el ajuste en el Estado, para alcanzar el déficit cero para este 2024, como prometió el presidente Javier Milei, a los organismos internacionales como el FMI, es necesario para el Gobierno recurrir a planes alternativos para sostener el apoyo social, cada vez más necesario.

Por ello, el Ejecutivo busca nuevas fuentes de financiamiento alternativas para el gasto y redefinir el destino que tienen los desembolsos de organismos y bancos regionales para darle prioridad principalmente a la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, dos de los recursos con los que cuentan los sectores más vulnerables en un contexto de hiperinflación y falta de empleo por la caída de la actividad.