En el mismo decreto que frenó el ingreso de nuevos planes sociales, el Ejecutivo otorgó una jugosa caja a las cooperativas para que hagan obras con un tope de $300 millones.

El presidente Alberto Fernández firmó este jueves un decreto que prohíbe renovar los planes sociales que se den de baja y abrir nuevos cupos, lo que puso en alerta los movimientos sociales. Sin embargo, para tratar de calmar las aguas, el texto da luz verde para que las cooperativas puedan participar de proyectos de obra pública de hasta $ 300 millones de presupuesto.

Este último punto responde a un pedido de los movimientos piqueteros y es otra forma de que les ingresen fondos.

Según indica el decreto 728 que se publicó en el Boletín Oficial, el Gobierno habilita a las cooperativas que manejan los movimientos sociales “el otorgamiento del 30 % de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta pesos trescientos millones ($300.000.000), monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación”.

Según el decreto, se respetará la “especialidad” de las Cooperativas del Trabajo de la Economía Popular para la adjudicación de obras y habrá diferentes modalidades de contratación.

“Hubo que reescribir muchas veces el borrador, porque hay gente involucrada que tiene buenas intenciones pero no sabe qué es la economía popular”, señaló a Clarín un funcionario de la Casa Rosada involucrado en las negociaciones.

El Presidente firmó el decreto durante una reunión conlos ministros de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, y de Economía, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

Qué definió el decreto

• Pone un techo a la incorporación de personas al Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial, es decir, que no se otorgarán nuevas altas en esos programas.
• Los recursos que se usaban para esos planes serán destinados a las unidades de gestión productiva para la adquisición de bienes de capital y la inserción laboral.
• Reconoce a la actividad de la economía popular, mediante la integración del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC), creado por la Ley 27.345 de Emergencia Pública.
• Otorga en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional con montos de hasta $300 millones, bajo la modalidad de contratación que corresponda.
• Instruye a la Oficina Nacional de Contrataciones a priorizar a los oferentes que acrediten un mínimo del 5% de trabajadores vinculados al programa “Puente al Empleo”.

El secretario de Economía Social y líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, que administra la mayoría del 1.300.000 planes a través de su secretaría en Desarrollo Social, reclama desde hace meses un blanqueo de los trabajadores a través de un “monotributo productivo”. El proyecto fue enviado al Congreso y nunca se trató.

Según Clarín, el líder del Movimiento Evita quería incluirlo en el decreto, pero la nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, recalcó que la iniciativa sí o sí deberá ser por ley. “No hay otra forma”, señaló.

Los movimientos piqueteros vuelven a la calle

Aunque el Gobierno asegura que esta decisión “se dio en un marco de acuerdo con los movimientos sociales”, las organizaciones piqueteras no oficialistas se advirtieron que “agrava” el conflicto y confirmaron la realización de una masiva movilización con posibilidad de acampe, la semana próxima frente al Ministerio de Desarrollo Social.

“Es una barbaridad que no solo tengan los programas sociales cerrados sino que además los que se caen no se puedan reemplazar. Quieren achicar la cantidad de planes no por la demanda sino por el ajuste del FMI”, señaló el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni.