Una radiografía de los sobrecostos que existen en los congresos -tanto nacionales como provinciales- y una propuesta para recortarlos de manera abrupta sin perjudicar el funcionamiento del cuerpo legislativo

Este fin de semana se conoció que el Presupuesto 2023 incluye un recorte del orden del 15% en Educación, según se desprende de un informe que comparó en términos reales los gastos planeados para el 2022 con los que el Ejecutivo tiene para el próximo año. Al mismo tiempo, se conoció que se avanzará con el cobro del impuesto a las Ganancias a todos los jueces del Poder Judicial. Este “tijeretazo” múltiple despertó una serie de críticas por parte de la oposición y de representantes del tercer sector, que se opusieron al mismo y reabrieron un debate necesario alrededor de recortar los costos de la política.

Cuando se habla de la necesidad de sumar a la política al recorte del gasto público, se suele hacer mención al amplio costo que tienen las cámaras congresales, tanto nacionales como provinciales, dentro del esquema de costos del Estado. Sin embargo, poco se ha hablado de cómo se manejan internamente estas cajas y cómo podría hacerse para controlarlas.

Actualmente, cada legislador cuenta con su dieta, más pasajes al exterior, más el desarraigo, más un amplísimo lote de asesores que engordan los costos de mantener los órganos parlamentarios, tanto a nivel nacional, como a nivel local. Esto sin contar las becas que tienen a su favor algunos legisladores.

A modo de hipótesis, una posible solución a estos gastos sin control sería que cada diputado o senador cuente con un determinado presupuesto único que deberá dedicar a su dieta y al pago de sus asesores.

A esta alternativa podría sumarse un límite de cinco asesores por disciplina en cada bloque, logrando así contar con expertos suficientes en materias presupuestarias, de seguridad, legislación general y constitucional, salud, y algún asesor general para aspectos como deporte y turismo.

Si cada legislador tuviera un único asesor personal que se encargue de coordinar el trabajo con los asesores del bloque se lograría una fuerte reducción en el presupuesto anual de cada cámara. Esto, además, evitaría filtraciones irregulares como las que actualmente ocurren, con punteros que no asisten a sus trabajos, pero que cobran dinero a cambio de otro tipo de prestaciones por fuera de la labor legislativa.

Otro tema no menos importante a solucionar son los cargos permanentes tanto en Diputados como en el Senado, adonde suelen ir a recalar personas de confianza de cada legislador, pero que suelen carecer de experiencia y aptitudes para ocupar esos lugares. En la práctica, los poderes legislativos toman al personal de planta solamente porque no les ocupa los cupos disponibles para nombrar asesores, pero sí les permiten hacer favores a terceros ya que los sueldos son jugosos. Muchos de los empleados de planta permanente en el Congreso carecen de funciones en el día a día y deambulan por los pasillos de los congresos locales y nacionales, sin tareas concretas asignadas.

Esta caja, en múltiples ocasiones, se ha visto que es usada por los legisladores para conseguir retornos en beneficio propio. El famoso “te nombro y me devolvés un porcentaje”. Sobran ejemplos de congresistas que han caído en esta práctica, desnudando no sólo los desmanejos dentro del Poder Legislativo, sino también la falta de controles sobre los jugosos presupuestos que se manejan en estos espacios.

f:Nexofin