Se trata de un presunto desvío de fondos a Cooperativas vinculadas a funcionarios que se encuentran empleados en la Municipalidad que comanda.

La jornada del viernes de la primera semana de mayo finaliza con malas noticias para Mayra Mendoza, quien en las últimas horas fue imputada por el manejo irregular de $535 millones que el municipio de Quilmes abonaba a distintas entidades asociadas a funcionarios del gobierno local.

Fue el fiscal Ramiro González quien decidió no sólo impulsar la acción penal contra la intendenta de la localidad bonaerense sino también con el pedido de una serie de medidas de prueba al juez federal Ariel Lijo, subrogante del juzgado 12 que salió sorteado para tramitar la causa.

Además de la mandataria local, se encuentran imputados Sebastián Raspa -exsubsecretario de Hábitat del municipio-, Martín Bordalejo, un abogado y ex funcionario de Quilmes que sería titular de sociedades y cuentas off shore; José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler.

“Ello, no obsta a que con el devenir de la investigación se logre identificar a otros sujetos que participen en el hecho denunciado”, dijo el fiscal González.

La causa se inició por la denuncia del abogado Santiago Dupuy de Lomé a raíz de una publicación en el medio El Disenso que aseguraba que “fondos nacionales que se le entregan al municipio de Quilmes se utilizan para pagarle a cooperativas cuyos titulares son Raspa y Cangelosi”.

Según la denuncia, tanto a Raspa como a Cangelosi, se les habría pagado la suma de $535.000.000, destacando además que el ex secretario tendría tres offshore en Miami, donde derivaría el dinero público, en las cuales figuraría como Director Bordalejo, quien también sería funcionario municipal, socio y amigo de Raspa.

Asimismo, indicó que “las siete cooperativas de Raspa han obtenido una gran cantidad de contratos a raíz de su amistad con Mendoza que a sabiendas de eso le autorizó los contratos descuidando los fondos públicos que debe administrar”, manifestando que tales fondos no sólo eran direccionados hacia las referidas offshore, sino que también eran “para hacer caja para su agrupación política La Cámpora”.

Las cooperativas en cuestión son: la Federación de Cooperativas de Trabajo 1º de Mayo LTDA; la Cooperativa de Trabajo La Estrella LTDA; Cooperativa de Trabajo para el futuro LTDA; Cooperativa de Trabajo Progreso LTDA; Cooperativa de Trabajo Hasta la Victoria Siempre I LTDA; Cooperativa de Trabajo Rubén Rodríguez LTDA; Cooperativa de Trabajo Barrio Unido LTDA; Cooperativa de Trabajo La Unión de Azul LTDA; y Cooperativa de Trabajo Imprenta 19 de Febrero LTDA. “Ello -dijo el fiscal- a efectos de conocer si entre ellas existen patrones comunes tales como domicilios, correos electrónicos, personas responsables, etc”.

Otra de las medidas solicitadas por el fiscal al juez Lijo es un pedido de información al municipio de Quilmes para recibir la documentación relacionada con los contratos adjudicados a las cooperativas, y pedidos de información a la Inspección General de Justicia y a organismos de control para rastrear información sobre empresas que estarían relacionadas con los imputados. Temas relacionados:JudicialesMayra MendozaPolítica