La Unidad de Información Financiera (UIF) congeló cuentas de un argentino y un sirio tras detectar movimientos sospechosos vinculados al terrorismo islámico.

En un operativo secreto iniciado el viernes pasado, el Gobierno Nacional comenzó una exhaustiva investigación para desmantelar una red de financiamiento terrorista que utiliza el sistema financiero argentino.  La Unidad de Información Financiera (UIF) recibió múltiples Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte de una billetera virtual, una compañía de seguros y varios bancos, alertando sobre movimientos financieros ligados a presuntos terroristas.

Los sospechosos principales son un ciudadano argentino identificado como MAFU, oriundo de Córdoba, y Tawfiq Muhammad Sa id Al-WAL, un ciudadano sirio sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su relación con Hezbollah, el brazo armado de Irán.

Según la investigación a la que accedió Clarín, Al-WAL es señalado como un financista clave de la organización, utilizando una red de empresas y criptomonedas para transferir fondos destinados a actividades terroristas.

Ambos individuos fueron incluidos recientemente en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), lo que llevó a la UIF a congelar de inmediato sus cuentas y bienes por un período inicial de seis meses. Las autoridades argentinas, en colaboración con agencias internacionales, continúan investigando para desarticular la red y prevenir posibles atentados.

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es la implicación de criptomonedas en las transacciones. Aunque estos activos digitales ofrecen anonimato y han sido adoptados por diversas organizaciones, este caso muestra cómo pueden ser usados para financiar actividades ilegales sin dejar rastros. La UIF ha intensificado su monitoreo sobre transacciones en criptomonedas, trabajando en conjunto con plataformas de intercambio y otros actores del sector financiero para detectar movimientos sospechosos.

El argentino MAFU, aunque menos conocido en la escena internacional, también ha despertado el interés de las autoridades debido a sus conexiones con grupos radicales. Se sospecha que podría estar vinculado a la organización Hamas, que también ha sido señalada por utilizar la infraestructura financiera de Argentina para sus operaciones. La inclusión de MAFU en la lista RePET ha sido un paso importante para frenar sus actividades, pero los investigadores creen que podría haber otros involucrados que aún no han sido identificados.

En cuanto a Al-WAL, su red de contactos es vasta y se extiende más allá de Oriente Medio. Según información del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, este financista tiene socios en países como Kuwait, India, Líbano, Siria y China. Utilizando su posición en el Líbano, ha coordinado el envío de material y recursos a las Fuerzas Al Quds, una unidad especial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, encargada de realizar operaciones en el extranjero.

El uso de empresas marítimas para transportar bienes también ha sido un punto clave en la investigación. Se cree que Al-WAL ha utilizado barcos de gran porte para enviar materiales desde Irán a Occidente, con el objetivo de respaldar las operaciones de Hezbollah en el terreno. Estos envíos han sido monitoreados por diversas agencias de inteligencia, que ahora trabajan en conjunto con la UIF para rastrear los bienes y fondos asociados a estas actividades.

La investigación no se detiene en estos dos individuos. Las autoridades están rastreando una red más amplia que podría incluir a otros ciudadanos argentinos y extranjeros que han colaborado con Al-WAL y MAFU. Las empresas vinculadas a ellos están bajo escrutinio, y las transacciones realizadas en los últimos años están siendo analizadas para detectar cualquier irregularidad. Se ha solicitado la colaboración de bancos y entidades financieras a nivel mundial para identificar posibles cuentas relacionadas con la red.

La preocupación por el financiamiento del terrorismo en Argentina no es nueva. Desde los atentados a la Embajada de Israel en 1992 y a la AMIA en 1994, la presencia de Hezbollah en el país ha sido un tema de debate y análisis constante. El reciente giro diplomático de Argentina, alineándose con países como Estados Unidos e Israel, ha intensificado las tensiones con Irán y sus aliados, lo que podría explicar el aumento en las actividades de financiamiento de grupos radicales en la región.

El gobierno de Javier Milei ha adoptado una postura firme contra el terrorismo y ha fortalecido las relaciones con naciones que combaten activamente a organizaciones como Hezbollah y Hamas. Esta cooperación internacional ha sido clave para detectar y desmantelar redes de financiamiento, pero también ha convertido a Argentina en un objetivo potencial para represalias. La situación es delicada, y las autoridades están en alerta máxima para prevenir cualquier ataque que pueda estar en preparación.

El congelamiento de cuentas y bienes es solo el primer paso en la estrategia del gobierno para neutralizar esta amenaza. La UIF y otros organismos de seguridad continuarán trabajando para identificar a todos los involucrados y desarticular la red en su totalidad. Se espera que en los próximos días se tomen más medidas, incluyendo posibles arrestos y la incautación de activos adicionales.

El papel de las agencias internacionales en esta investigación no puede subestimarse. Estados Unidos, Israel, y otros países han proporcionado información clave que ha permitido a las autoridades argentinas actuar con rapidez. Esta colaboración es un ejemplo de cómo la cooperación global es esencial para enfrentar el terrorismo en todas sus formas.

El caso también ha puesto de relieve la necesidad de actualizar las regulaciones financieras en Argentina para adaptarse a las nuevas amenazas. La UIF ha propuesto una serie de reformas que incluirían un mayor control sobre las transacciones en criptomonedas y la creación de un equipo especializado en la detección de operaciones sospechosas. Estas medidas, de ser implementadas, podrían fortalecer significativamente la capacidad del país para combatir el financiamiento del terrorismo.

En resumen, la investigación en curso es un recordatorio de que el terrorismo sigue siendo una amenaza global, y que las redes financieras son un componente clave en su funcionamiento. Argentina, al igual que otros países, debe estar preparada para enfrentar estos desafíos con determinación y cooperación internacional. El desenlace de este caso será crucial para determinar si se puede frenar el flujo de dinero destinado a actividades terroristas y garantizar la seguridad del país y de la región.