Irregularidades en comedores: empleados públicos involucrados en la venta de comida y barbijos
Una investigación de la Oficina Anticorrupción reveló cómo empleados estatales vendían productos no alimentarios para justificar el uso indebido de fondos públicos destinados a los comedores populares.
Una reciente investigación de la Oficina Anticorrupción (OA) destapó una serie de irregularidades en las rendiciones de cuentas de los comedores populares, a través de la cual se detectaron maniobras de defraudación relacionadas con la venta de productos no vinculados a la ayuda alimentaria.
Los comedores, que reciben millones de pesos en subsidios estatales, han sido objeto de investigación por parte de las autoridades, quienes encontraron pruebas de cómo ciertos empleados públicos usaron el dinero destinado a la asistencia social para justificar compras de mercadería no relacionada con su objetivo.
El informe de la OA, al que accedió el periodista Nicolás Pizzi de Infobae y que llegó a manos de la Fiscalía a cargo de Ramiro González, detalla que las organizaciones sociales, encargadas de la distribución de alimentos, incluyeron facturas irregulares por la compra de productos como barbijos y otros artículos ajenos a la alimentación.
Uno de los casos más llamativos es el de la “Asociación Civil 18 de Diciembre por el Inmigrante”, donde se detectaron facturas emitidas por empleados municipales que, aunque figuraban como proveedores, se registraron recientemente en el sistema de la AFIP, con actividades completamente distintas a las que se relacionan con el comercio de alimentos.
Por ejemplo, se hallaron facturas emitidas por un trabajador del municipio de San Vicente, quien, tras registrarse en el monotributo, emitió una factura de compra de barbijos, el 6 de enero de 2021. Este caso es solo la punta del iceberg, ya que otras facturas sospechosas involucraron a empleados de la Municipalidad de Lomas de Zamora, quienes, mediante maniobras fraudulentas, también emitieron documentos por la venta de alimentos.
El informe también pone en evidencia el uso de proveedores repetidos en diversas organizaciones sociales, lo que da cuenta de una red de complicidad en la que empresas y personas de distintas provincias se benefician de los subsidios destinados a la ayuda social. Estos proveedores, algunos de los cuales estaban inscriptos en la AFIP para operar en rubros no relacionados con la alimentación, como el servicio de transporte o el comercio de productos no alimentarios, emitieron facturas falsas por productos alimenticios, lo que generó un gran perjuicio a las arcas del Estado.
Uno de los casos más preocupantes involucra a un empleado del Ministerio de Justicia bonaerense, quien se desempeñaba como dueño de una verdulería y estaba vinculado a la emisión de facturas falsas para justificar compras de alimentos que nunca llegaron a los comedores. Además, la OA descubrió que ciertos proveedores estaban duplicando facturas, emitiendo documentos con montos idénticos en el mismo día a diferentes organizaciones. En total, se detectaron varios casos de facturación irregular con productos alimenticios no entregados a los comedores.
La Oficina Anticorrupción también detalló la falta de control en el sistema de subsidios, lo que permitió que estos actos fraudulentos prosperaran. Según una auditoría interna, el 47,5% de los comedores registrados nunca funcionaron, o bien dejaron de operar, y en un 27% de los casos los datos presentados en las inscripciones no coincidían con la realidad de las operaciones de los comedores.
En este sentido, la OA está solicitando que se cite a los responsables de estas irregularidades y que se profundice la investigación, contando con la colaboración de diversas entidades como la Inspección General de Justicia (IGJ), el INAES y la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Sin embargo, la Fiscalía aún no ha iniciado imputaciones formales y se encuentra revisando una gran cantidad de pruebas aportadas por el Ministerio de Capital Humano.