La medida se enmarca en medio de la denuncia que presentó Luis Juez luego de haber quedado afuera del organismo por la maniobra política gestada por el kirchnerismo.

El polémico nombramiento del senador K Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura no pasó inadvertido para la Justicia que, a través del juez en lo contencioso administrativo federal Pablo Cayssials, pidió al Senado de la Nación una presentación de un informe sobre la designación del legislador.

El magistrado le dio un plazo de cinco días a la Cámara Alta, que actualmente preside Cristina Fernández, para que presente el informe que establece la ley para contestar una demanda. El pedido se enmarca en medio de la denuncia que llevó a cabo el senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, quien quedó relegado del organismo que designa y remueve a los jueces tras la jugada política del kirchnerismo.

“Con notorio desconocimiento del orden jurídico aplicable, la Presidenta del H. Senado ha designado de manera ilegítima al senador oficialista Martín Doñate como consejero titular y al senador oficialista Guillermo Snopek como consejero suplente por medio del DPP 33/22 del 20/04/2022”, señaló Juez en su denuncia, presentada el jueves de la semana pasada.

Horas antes de que se designaran a los integrantes del Consejo de la Magistratura, el Frente de Todos decidió escindir el bloque de senadores oficialistas para quedarse con la primera y segunda minoría y poder así ocupar los lugares de los dos consejeros de la Magistratura.

Consejo de la Magistratura

Concretamente, los 35 senadores que integraban hasta la semana pasada el FdT se dividieron en dos espacios: uno de 21 miembros (encabezado por José Mayans), llamado Frente Nacional y Popular, y otro de 14 integrantes (liderado por la cristinista Juliana Di Tullio), llamado Unidad Ciudadana.

La jugarreta despertó el reclamo de Luis Juez y de todo el arco opositor. Ante la designación de Doñate, el senador cordobés presentó un amparo en el que objetó que el nombramiento de su colega se hizo después del vencimiento del fallo de la Corte Suprema -el 15 de abril- para que entre en vigencia el nuevo Consejo.

El juez Cayssials basó su pedido al Senador en dos leyes. Una de la de medidas cautelares que en su artículo cuarto establece que “previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud”.

También en el articulo ocho de la ley de amparo que fija que si la causa es aceptada “el juez requerirá la autoridad que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada” y que una vez que eso ocurra “no habiendo prueba del accionante a tramitar, se dictará sentencia fundada dentro de las 48 horas, concediendo o denegando el amparo”.