El gobierno provincial declaró que la sesión de territorio que hizo el Gobierno nacional a las comunidades es inconstitucional y agotará todas las instancias judiciales.

Tras la polémica sesión de tierras a las comunidades mapuches de Mendoza, por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el Gobierno provincial anunció que agotará todas las acciones de reclamo para revertir la medida que considera anticonstitucional.

El hecho se convirtió en motivo de tensión entre el mandatario cuyano Rodolfo Suárez y el presidente Alberto Fernández, ya que la decisión del organismo nacional no fue consultada con la provincia, despertando las críticas de todo el arco político mendocino.

La sesión de tierras se sucedió luego de un relevamiento que realizó el INAI en la provincia cuyana, en donde se decidió entregar más de 21.500 hectáreas para lof  El Sosneado y Lof Suyai Levfu, minetras que más tarde fueron concedidas 4.477 hectáreas a la comunidad Limay Kurref.

Según el organismo gubernamental, no se trata de una cesión de tierras, sino de “demarcar el territorio comunitario habitado históricamente por los distintos pueblos originarios a lo largo y ancho de la Argentina”, sin embargo, para el Ejecutivo mendocino creen que se trata de una maniobra política de Nación.

Además, explicaron que se enteraron de la decisión a raves del Boletín Oficial, ya que no fueron informados de la cesión del territorio cuyano a las comunidades. Hecho que despertó la crítica y denuncias desde sectores políticos opositores al Frente de Todos.

“Consideramos que son inconstitucionales, a la vez que todos los antecedentes históricos que tenemos relevados de historiadores y arqueólogos afirman que jamás hubo mapuches en el sur de la provincia”, indicó el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia, Víctor Ibáñez Rosaz.

A lo que añadió: “No son comunidades ancestrales. Por otra parte, los relevamientos los hizo una socióloga de la UBA que vino, hizo algunas preguntas y con eso resolvió la cuestión”. El funcionario cuyano también explicó que la provincia no participó del “Programa de Relevamiento Territorial” que lleva adelante el INAI. Por su parte, desde la institución afirman que nunca hubo respuesta positiva del ejecutivo mendocino en ese aspecto.

Por tal motivo, Ibáñez Rosaz dijo que esta semana presentarán un recurso administrativo de reconsideración al INAI planteando la inconstitucionalidad de las decisiones que fueron publicadas en el Boletín Oficial. “Si lo que resuelve el INAI es contrario a nuestros intereses seguiremos la vía administrativa de recurso jerárquico hasta agotarla y luego interponer el planteo judicial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, alertó el representante mendocino.