Nota extraída de La Nación por Laura Serra

Los libertarios se arriesgaron a sesionar sin tener acordado el dictamen ni haber contabilizado los apoyos; en uno de los artículos la diferencia fue de 56 votos en contra; se enrarece el clima para retomar el debate

El diputado Oscar ZagoHernán Zenteno

El megaproyecto de ley de Milei partió de un pecado original. El presidente desoyó todos los consejos de sus aliados y, enfundado en su traje de líder fundacional, envió al Congreso un mamotreto de 664 artículos, convencido de que el 56% que lo votó haría que “la casta” se lo iba a aprobar de manera expedita, so pena de sufrir los rigores de las encuestas. A veces da la impresión de que su paso por la Cámara de Diputados no le enseñó nada al ahora presidente sobre cómo funciona un órgano colegiado como el Congreso. El exégeta de Alberdi debió haber repasado el artículo 1 de la Constitución: la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. Ergo, hay división de poderes y el país no se limita a la Nación, sino que es fundamentalmente por las provincias.

Javier Milei “no la vio”. No vio que unos 150 legisladores estaban dispuestos a acompañar sus primeros pasos en la gestión; no por altruismo, sino porque genuinamente compartían algunos de los postulados del proyecto y –jamás lo admitirán en público- no querían quedar emparentados con el kirchnerismo. A lo largo de tres semanas de negociaciones febriles, los cuatro bloques dialoguistas acercaron infinidad de propuestas para suavizar y mejorar los artículos más conflictivos. La negociación, en el arranque, parecía seguir el manual. Pero los dialoguistas se toparon con un obstáculo insalvable: sus interlocutores se resistían a seguir cualquier manual.

La ausencia de asignación de prioridades, las torpes maneras con las que el propio Presidente y muchos de sus más conspicuos colaboradores pretendieron imponerlo, falta de conducción, de negociadores con autoridad y de orden interno del oficialismo fueron tanto o más relevantes que la acción de los opositores para complicar el tratamiento de la iniciativa. Hasta los legisladores más veteranos no podían dar crédito de tanta impericia desde el oficialismo.

Los bloques dialoguistas marcaron desde el principio cuáles eran sus disidencias al proyecto: no estaban de acuerdo con facultades tan amplias ni cómo el Poder Ejecutivo pretendía privatizar a troche y moche las empresas del Estado sin algún mecanismo de control parlamentario. Tampoco aceptaban la licuación de las jubilaciones ni la suba de retenciones. El dictamen tuvo nada menos que 170 disidencias. Este solo dato debió haber encendido las alertas del Gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo –quien nunca apareció por las comisiones para explicar la ley– reaccionó y quitó del dictamen el paquete fiscal, incluido el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva. Creyó que con eso allanaría el camino.

Una vez más no la vieron. Los gobernadores, en su lógica, rumiaban que mientras el Poder Ejecutivo se encaminaba a llevarse su ley, las provincias se quedaban sin nada, tan solo la vaga e incierta promesa de que el Gobierno los convocaría para discutir, en algún momento, el reparto de la torta de recursos. Ya Milei les había cerrado el grifo de las transferencias discrecionales. A ello sobrevino el ninguneo del ministro del Interior, Guillermo Francos, y del propio Milei, cuando rechazaron la coparticipación del impuesto PAIS. La tensión fue increscendo. El Gobierno, en lugar de cerrar conflictos, parecía empecinado en abrir nuevos frentes.

Como último pecado, los libertarios incurrieron en una osadía que ningún bloque experimentado hubiese cometido: llegar al recinto sin acuerdo ni los votos asegurados en los artículos claves. En rigor, tampoco se esmeraron demasiado en buscarlos, tal vez por exceso de voluntarismo. Lo cierto es que ahora todo volvió a fojas cero, con el agravante de que aquel clima de colaboración inicial de ciertos bloques se trocó en fastidio y malhumor.