Se trata de un proyecto de ley del Frente de Todos, que pretende que sea el Gobierno quien fije las condiciones laborales de empresas y trabajadores.

El oficialismo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, apura el tratamiento de una iniciativa que busca regular a los trabajadores de las aplicaciones de delivery, como Rappi, Pedidos Ya!, entre otras, y que implica cambiar el tipo de trabajo que se ha popularizado en los últimos años.

Se trata de un proyecto de ley presentado por el legislador Omar Plaini, que fue aprobado en el Senado con tratamiento sobre tablas en octubre del año pasado y, ahora, el Frente de Todos, apuró sorpresivamente el tratamiento del proyecto original en comisiones de Diputados.

La polémica se generó porque la iniciativa propone en su segundo artículo, la creación de un registro obligatorio de trabajadores de las aplicaciones en el que las empresas tendrían la obligación de inscribir tanto a los empleados como a los vehículos utilizados, sólo a efectos informativos

En contraste, en los puntos 6 y 7, la norma señala que el registro otorgará un “certificado habilitante” para el trabajador y su vehículo, que será intransferible y establecerá que el Poder Ejecutivo “deberá”, fijar condiciones y requisitos de inscripción; determinar plazos; exigir a las personas jurídicas, empleadores, prestadores titulares y/o plataformas intermediarias (app) denuncien horario de conexión y desconexión de los trabajadores, así como también la aseguradora de riesgo de trabajo.

Se trata de un punto polémico, ya que sostiene que será el gobierno de la provincia quien regule a las empresas, generando una inconsistencia en la normativa. Así lo refiere el diputado del PRO, Sergio Siciliano, “abre la puerta a que sea el gobierno provincial el que fije las condiciones de contratación y convertirlos en empleados en blanco de las compañías”.

Es que los empleados de las plataformas trabajan de manera independiente, de hecho, las empresas más afectadas por la eventual aplicación de la norma son Rappi y Pedidos YA!, las cuales según dijo ya anunciaron que, de aprobarse esta ley, abandonarían sus operaciones en la provincia de Buenos Aires, lo que afectaría a más de 25.000 trabajadores que hace delivery a través de estas plataformas.

“Esto afecta también a todo el sector gastronómico, cuya venta de delivery tiene un peso de 30% del total e incluso a aquellos establecimientos que tienen su propio delivery”, comentó el legislador opositor.

Asimismo, desde la oposición se quejaron de la presión ejercida por el oficialismo para aprobar la normativa en medio de un año electoral, y aseguraron que “no consta que se haya consultado con los actores del sector o enviado en consulta con el poder ejecutivo para evaluar la urgencia, necesidad e impacto de la regulación. Si bien no es un requisito de obligatoriedad suele hacerse en muchas ocasiones”.