El inicio de la República Argentina se vio envuelto en miedos a los “subversivos” que buscaban apoderarse del territorio del Río de La Plata y extranjeros que acechaban a los líderes nacionales.

En Buenos Aires había miedo de que los franceses utilizaran a sus esclavos para una revuelta y, encolumnados detrás de la palabra prohibida “libertad”, lograran apoderarse del territorio del Río de la Plata. Se decía hacia fines del siglo XVIII que la Revolución en Francia había encendido los ánimos y ya nadie podía estar tranquilo. De voz en voz se pasaban mensajes subversivos y hasta circulaban escritos anónimos que anunciaban una revuelta o pasquines que levantaban rumores, a veces con nombre y apellido de los enemigos de la corona de España. Ese era el origen de todos los temores: que el decapitado Luis XVI era primo del Rey de España y estos revolucionarios que hablaban de libertad si pudieron con el primero eran capaces de atreverse con el segundo o de perjudicarlo.

El Virrey del Rio de la Plata, Nicolás de Arredondo, decidió cortar por lo sano. Aunque nadie sabía si existía una confabulación de franceses o si era producto de la temerosa imaginación de los vecinos, encomendó a Martín de Alzaga, entonces alcalde de primer voto, es decir funcionario del Cabildo encargado de tareas policiales, de seguridad pública y de la administración de justicia civil y criminal, que se encargase de descubrir y castigar a los sediciosos. Era el verano de 1795.

Una idea de hierro se fue formando en la mente de Alzaga: había revolucionarios en Buenos Aires, eran ateos y eran franceses. Punto y aparte. Ordenó revisar casas sospechosas para buscar municiones. Un negro se presentó y dijo que las instrucciones que los sediciosos le habían dado a los esclavos era la de, el día indicado, matar a sus amos cuando estuviesen en la cama y a todos los demás que estuviesen en la casa después apoderarse de las armas que hubiese y también del dinero y el esclavo se haría dueño de todo eso y quedaría libre. Que participarían franceses, mulatos, negros e indios. Que el golpe se daría un Jueves y Viernes Santo. Asaltarían el Fuerte y degollarían a todo el mundo si no se plegaban a ellos; también al virrey que no es más que un ladrón que se roba la plata, “un perro ladronazo”. Debían ser días santos para subrayar que se trata de gentes sin dios.

Pero el negro solamente lo había escuchado. De todas las medidas que tomó Alzaga el resultado que obtuvo fue cero, nada. La gente hablaba y como hablaba se la agarró con un panadero francés de apellido Dumont, del que se decía que en su casa se reunían franceses que terminaban sus brindis vivando a la libertad, la peor palabra que se podía mencionar en aquellos tiempos. Alzaga siguió haciéndole caso a lo que aparecía en los pasquines que pegaban, quién sabe quién, por las noches en la ciudad. Mandó arrestar a los que estaban mencionados en ellos. Se esperaba que fuesen militares y políticos, pero en cambio los que fueron arrojados a la cárcel eran dos panaderos, un sastre, un cocinero, un almacenero, un peluquero, un maestro y el capataz de un buque donde revistaba como oficial Santiago de Liniers, cuyo oficio consistía en el mantenimiento de la nave, más un pulpero y un relojero.

Se agregaron luego dos criollos, uno por ser vecino de los franceses y el otro, llamado Juan Díaz, que era de Corrientes, señalado por los pasquines nada menos que como el ideólogo de la sedición. Se llamó a numerosos testigos que convirtieron el procedimiento criminal en una gran pérdida de tiempo. Alzaga se jugaba su prestigio. Le faltaba la prueba por excelencia para terminar con todo esto. Le faltaba una confesión, una sola, y salvaría su papel de eficaz inquisidor. Hacía mucho tiempo que no se utilizaban las torturas en las causas penales, pero no se habían prohibido así que era legal echar mano de ellas. El primero en conocer el suplicio fue Díaz, un hombre que pasaba los cincuenta años y en el que Alzaga había depositado sus esperanzas. Sangrando, con la cara desfigurada y diversos cortes en el cuerpo, el correntino no dijo una sola palabra. Antes de que el alcalde de primer voto estallara de furia y redoblara la intensidad de los tormentos una idea se le cruzó por la cabeza. ¡Claro, si no habló aún bajo tortura es que es culpable! Lo mismo ocurrió con los otros acusados, no abrieron la boca o reclamaron su inocencia. Pues eso bastaba, según la lógica retorcida y malintencionada de Alzaga, para considerarlos culpables.

La aplicación de la tortura a los sospechosos no se pudo mantener en secreto y los vecinos la repudiaron. No era necesario comportarse como una bestia para saber si había o no había una revolución en ciernes. Frente a la reacción del público las autoridades políticas le comunicaron a Alzaga que se abstuviera de aplicar el suplicio otra vez.

Como los rumores que corrieron antes de producirse estos arrestos hablaban de que la insurrección se produciría el 2 y 3 de abril, es decir Jueves y Viernes Santo, la decisión fue adelantar el juicio, pues tenía a algunos a quien culpar. Una decisión extraña porque los supuestos insurrectos estaban detenidos. ¿O había más? Antes de escuchar a las defensas los imputados recibieron un pedido de pena basadas en consideraciones tales como, por ejemplo, que se llevaban bien entre ellos, que uno le había dado educación a su esclavo; por sus gestos, por reunirse para comentar noticias de Francia, porque alguno “vivía de manera rara” y salía de noche, y acusaciones por el estilo. Las penas solicitadas fueron la muerte para nueve acusados y para otros seis el exilio y sobreseimientos para dos.

Los defensores se encargaron de barrer la acusación con argumentos simples hasta llegar a la conclusión de que no había ni amague de sedición. Criticaron con dureza al alcalde Alzaga y reprocharon la utilización de las torturas. Las exposiciones de los defensores obligó a la fiscalía a dejar aclarado que nunca había apoyado a Alzaga en el empleo de los tormentos y realizó un nuevo pedido de pena, pero sobre todo se declaró que había muchas dudas sobre una conjura contra la corona de España por parte de los franceses. Sin embargo, eran franceses y en las actual situación que atravesaba la política de Francia y de España, la condena debía ser la expatriación. El correntino Díaz pasó 12 años en la cárcel en las Malvinas porque a su respecto se mantuvo la presunción, y sólo la presunción, de tener proyectos que iban contra los intereses del virreinato aunque nunca se explicó cuáles. Alzaga recibió también una condena, pero social: las burlas y sátiras no se frenaban. Sobre todo se le enrostraba haber cometido la inmoralidad de emplear la tortura.

Habían pasado 23 años de aquellos acontecimientos. El general chileno José Miguel Carrera llegó a Buenos Aires desde los Estados Unidos en enero de 1816. Carrera había sido presidente de la Junta de Gobierno de su país hasta 1813. Al año siguiente se enfrentó, junto con Bernardo O´Higgins, con el ejército español enviado por el virrey de Perú para reconquistar Chile. O´Higgins y Carrera eran enemigos políticos, pero se unieron contra los realistas y, desorganizados, perdieron una batalla decisiva en Rancagua. Chile volvió a ser española. El general pensaba que San Martín, Pueyrredón, que entonces era el Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y O´Higgins tenían tratos con los ingleses para lograr la emancipación de América y establecer monarquías constitucionales, mientras que él era partidario de los estados federativos al igual que Carlos de Alvear y el general francés Michel Brayer. San Martín echaría a Brayer del Ejército de los Andes por cobarde e inepto y abrió con el tiempo una larga disputa entre historiadores franceses y argentinos sobre la veracidad de esta circunstancia, pues Brayer había sido un oficial muy destacado del Ejército de Napoleón y nadie podía dudar de sus capacidades ni aceptar que de la noche a la mañana se convirtiera en un miedoso.

Mientras, en Buenos Aires a Pueyrredón no le alcanzaban los dedos de una mano para contar sus problemas. El pobre dudaba de todos y veía espías por todos lados; tenía a los caudillos de provincia en contra; la Banda Oriental estaba ocupada por los portugueses; debía atender la preparación de la campaña de San Martín y el Ejército de los Andes, y encima le habían llegado rumores de un complot organizador por franceses para asesinarlo a él, a O´Higgins y a San Martín. Lo único que podía hacer con rapidez era ocuparse de esto último, es decir del complot francés. Enseguida averiguó que el principal implicado era un tal Charles Robert de Conantres debido a que, como había ocurrido más de veinte años antes, las versiones, verdaderas o falsas, surgían apenas alguno se parase en una esquina. Como sea, este Robert de Conantres, que algunos decían que era coronel como si casi todos los franceses en el Río de la Plata lo fuesen o lo hubiesen sido, había llegado a Buenos Aires, como otros franceses, motivados por la apertura hacia los inmigrantes europeos que había impulsado Bernardino Rivadavia. A este francés lo conocían todos porque fue el fundador del diario El Independiente del Sur, primera publicación bilingüe francés-español, compuesta de cuatro páginas con noticias locales y del extranjero, el precio de las mercancías y el movimiento de los buques en el puerto.

El emprendimiento fue muy lento, a Robert de Conantres le costaba mucho trabajar. Se encontró con otro paisano, Jean Lagresse o Lagreze, que venía de empantanarse en pésimos negocios. Un roto para un descosido. Con el misterio propio de los encuentro casuales, Robert de Conantres se relacionó con otro compatriota, el general Brayer, aquél que San Martín había expulsado de su ejército. Cruzaron un par de palabras y de Conantres se convirtió en enemigo acérrimo del Padre de la Patria.

Los franceses se reunían con frecuencia e invitaban especialmente a los recién llegados al Río de la Plata. Eso ocurrió con el coronel George Jung y el oficial normando Marcos Mercher. Fue a iniciativa de Robert que los demás conocieran las ideas del general chileno Carrera y todos decidieron ir a Chile. Los cuatro franceses estuvieron de acuerdo en cumplir con el plan escondido detrás de las ideas de Carrera: es decir, asesinar a San Martín y O´Higgins. Cuando regresaron a Buenos Aires los espías del gobierno conocían ya los planes de los cuatro franceses. Al grupo se agregó Agustín Dafgrumet, que ya le había vendido armas a Carrera, y Narcise Parchappe, que era un ingeniero militar. Robert de Conantres se comunicaba por carta con el general Carrera.

De a uno fueron cayendo presos. Primero fue Lagresse, después Perchappe, luego Dragumet y todos los demás. Solo Jung no fue apresado porque un soldado, al verlo, le disparó y lo mató. La causa tenía en su carátula esta inscripción: “Causa por Conspiración contra el Estado y el de Chile”. No había hechos que juzgar sino planes, proyectos, la “conspirancy” del derecho anglosajón. Fueron tan incisivas las preguntas del fiscal Simón García de Cossio que Lagresse, por ejemplo, se puso a llorar y terminó diciendo que ellos habían sido instrumentos de la venganza que planeaba el chileno Carrera, es decir que no era más que unos pobres diablos a quienes Carrera iba a sacrificar. Si el cargo era conspiración, las cartas entre los franceses y Carrera lo decían todo y la defensa tenía escasas chances de salvarlos.

El veredicto se dio el 31 de marzo de 1819. Fue de muerte en la horca para Robert de Conantres y Lagresse. Pero en Buenos Aires no había verdugos. La horca no es para cualquiera, hay que saber colgar. Entonces se cambió el método de ejecución por el fusilamiento. Cualquier soldado podía disparar. Una muchedumbre ruidosa se reunió en Retiro el 3 de abril. Eran las 10 cuando cayeron Robert y Lagresse. Siete días después Mercher, Parchappe y Dagrumet fueron desterrados. Perchappe reapareció tiempo después con el oficio de agrimensor y participó de la fundación de la ciudad de Bahía Blanca antes de partir definitivamente hacia Francia.