El ministro de Economía suma poder en su rol al quedarse con el control de los recursos que se destinan a las provincias y que forman parte primordial del plan de ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional.

Mientras el presidente Javier Milei, busca reconciliarse con los gobernadores tras la pelea por el recorte de la coparticipación, convocando al “Pacto del 25 de Mayo”, otorga el control de los fondos fiduciarios al ministro de Economía, Luis Caputo, que será el encargado de realizar una auditoría y recorte en el sector.

Así lo dispuso el jefe de Estado, a través del Decreto 215/2024, en donde coloca al Palacio de Hacienda “como fiduciante en representación del ESTADO NACIONAL, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del ESTADO NACIONAL, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”, indica el texto.

“En los casos en los que el H. CONGRESO DE LA NACIÓN haya designado como fiduciante a un organismo o repartición específica diferente del MINISTERIO DE ECONOMÍA, o a un comité de integración plural, con carácter previo al dictado de cualquier instrucción al fiduciario deberá emitir opinión el citado Ministerio”, agrega el decreto publicado en el Boletín Oficial.

De este modo, Caputo será el encargado de revisar la dispersión de las partidas presupuestarias destinadas a las provincias y contará con “un plazo de 60 días para realizar una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional”, reza el documento.

Además, en el decreto que lleva las firmas del Presidente, del ex funcionario de Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, se anuncia que la cartera económica podrá efectuar contrataciones que resulten necesarias con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto.

Vale destacar que los fondos fiduciarios son uno de los ejes de ajuste más importantes para el gobierno libertario, ya que representan una gran porción del presupuesto nacional, tan sólo en el 2023, 16 de ellos recibieron más de 1.000 millones de dólares sin ningún control de parte de la administración de Alberto Fernández, por lo que se han colocado en la mira de Caputo.