Dentro de la agenda de trabajo las prioridades son la reforma del Consejo de la Magistratura, una nueva ley de Alquileres y el proyecto kirchnerista para que la deuda con el organismo financiero la paguen los evasores que tienen bienes no declarados en el extranjero

El Congreso de la Nación Argentina se dispone a retomar la actividad con una agenda de trabajo que tiene en primer plano a la reforma del Consejo de la Magistratura, una nueva ley de Alquileres y el proyecto kirchnerista para que la deuda con el organismo financiero la paguen los evasores que tienen bienes no declarados en el extranjero.

Por un lado, el tratamiento de la reforma del Consejo de la Magistratura ya está avanzado en el Senado y habrá sesión en la semana entrante. El compromiso se debe a que la Corte Suprema fijó como fecha tope el próximo 14 de abril para la sanción en ambas cámaras de una nueva ley, tras declarar inconstitucional la que se encuentra vigente.

Luego de que cayera la sesión pautada para el martes pasado debido a que el oficialismo no logró asegurarse los votos para imponer su proyecto, se decidió la vuelta a comisiones del dictamen para analizar cambios en el articulado. De no cumplir con el plazo estipulado, que vence el 15 de abril, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando eran 20 miembros, y no 13.

En el ámbito del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, el Frente de Todos estipuló modificaciones con los legisladores aliados Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana, quienes supeditaban el acompañamiento a la incorporación de algunas de sus propuestas. Con las modificaciones en el articulado, el Frente de Todos llegaría a los 37 votos necesarios para la media sanción.

El proyecto impulsado por la vicepresidenta Cristina Kirchner para gravar en dólares los bienes no declarados en el exterior también cobra relevancia en el Senado. La iniciativa tiene como objetivo formar un fideicomiso que sea utilizado íntegramente a la cancelación de la abultada deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El kirchnerismo planea empezar a tratar el tema el martes que viene en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Legislación General, un debate que promete mucha controversia.

Por otro lado, el proyecto de reforma de la ley de Alquileres comenzará a discutirse en la Cámara de Diputados, donde oficialismo y oposición coinciden en que la norma vigente desde mediados de 2020 no logró los resultados esperados.

Inicialmente, existe consenso en retrotraer la duración de los contratos de alquiler a dos años (actualmente la ley estipula tres años) y también derogar el artículo que pactó un mecanismo de actualización anual de los valores. Sin embargo, sectores del oficialismo pujan por introducir algunas modificaciones que son rechazadas de plano por Juntos por el Cambio, como por ejemplo la introducción de un impuesto a las viviendas ociosas que propuso en su proyecto el diputado nacional José Luis Gioja.