Según el abogado de Analía Alvarado, una ex niñera de la familia, la denuncia se debe a que la empresaria no regularizó a su defendida durante el año y medio que duró su trabajo.

Wanda Nara enfrenta una nueva demanda legal por parte de una ex empleada, Analía Alvarado, quien trabajó como niñera para la familia de la empresaria y conductora durante un año y medio. Según el abogado de Alvarado, Martín Francolino, la demanda se debe a que Nara no habría registrado a la niñera como empleada formal durante su tiempo de trabajo, lo que constituye un período de empleo “en negro”. El monto reclamado por la ex empleada asciende a más de 20 millones de pesos, una cifra significativa que incluye intereses y costos legales acumulados.

El caso tomó un giro complicado debido a la dificultad para notificar a Nara sobre la demanda. Según Francolino, se hicieron varios intentos de notificación en distintos domicilios sin éxito, lo que llevó a solicitar una declaración de rebeldía en el juzgado. Actualmente, se están emitiendo oficios a diferentes bancos para investigar posibles cuentas o activos de la empresaria en Argentina y en el extranjero con el fin de proceder con un embargo si es necesario.

Mauro Icardi y Wanda Nara

Este no es el primer conflicto legal de Wanda Nara con una empleada doméstica. En 2022, María Carmen Cisnero Roboledo, otra ex empleada que trabajó en la casa de Nara en Italia, la denunció por no haberle pagado su sueldo durante dos años y medio. Roboledo también acusó a Nara y a su esposo, Mauro Icardi, de trata de personas y reducción a la servidumbre, alegando que nunca recibió los pagos prometidos ni fue regularizada como trabajadora en Europa.

Las declaraciones de las ex empleadas generaron un fuerte impacto mediático. Roboledo, por ejemplo, afirmó que Nara le prometió regularizar su situación y pagarle un sueldo de 600 euros, pero que nunca cumplió con estos compromisos. Ante estas acusaciones, Wanda Nara se defendió públicamente en sus redes sociales, mostrando documentos que, según ella, demuestran que tramitó y pagó los permisos de trabajo para sus empleadas en Europa.

La empresaria no hizo comentarios recientes sobre este nuevo caso, y el proceso judicial continúa avanzando con la posibilidad de un embargo sobre sus bienes si no se resuelve la demanda.