La oposición aprobó el dictamen para suspender al magistrado y enviarlo a juicio político. Entre los procesamientos que le fueron confirmados, figuran asociación ilícita, cohecho, lavado de dinero y abuso de autoridad.

Con la abstención del ala kirchnerista, el Consejo de la Magistratura avanzó hoy con el tramite para llevar a juicio político al juez federal de Mendoza, Walter Bento. La propuesta de suspenderlo por mal desempeño de sus funciones forma parte de la continuación del dictamen que había realizado el año pasado el entonces consejero de Pro Pablo Tonelli.

Los votos que resolvieron este proceder fueron por parte de Miguel Piedecasas -presidente de la Comisión de Acusación-, del senador radical Eduardo Vischi, y los diputados Álvaro González (PRO) y Roxana Reyes (UCR).

Por su parte, el diputado del kirchnerismo y consejero Rodolfo Tailhade planteó objeciones al dictamen de la oposición, al igual que sus colegas del oficialismo Vanesa Siley (diputada) y Héctor Recalde (abogado).

Taihlade dijo que como estaba planteado el dictamen quedaba atado a la causa penal contra Bento y que si se votaba el juicio político, se corría el riesgo de que la justicia determinara la inexistencia de los hechos delictivos por lo que la acusación iba a quedar vacía.

Walter Bento

En esa línea, argumentó que “va ser difícil que en el marco del juicio político se puedan considerar aprobadas cada una de las imputaciones” y señaló como “arriesgado” que esté conectada la acusación contra el juez con la causa penal.

“No me parece que el dictamen tenga la consistencia y la seriedad que requiere una imputación de la gravedad que se le formuló al juez Bento”, añadió, al mismo tiempo que se quejó de que no se le hubiera dado suficiente presencia en ese escrito al descargo de nueve horas que hizo el juez cuando se defendió ante el Consejo el año pasado.

Entre los procesamientos que Bento tiene confirmados en su contra figuran: asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de dinero, prevaricato, abuso de autoridad, desobediencia a una orden emanada por autoridad judicial y falsedad ideológica. La acusación es la liderar una asociación ilícita que, a través de abogados y otras personas, le pedían coimas a acusados en sus causas para beneficiarlos.

Al momento, no puede efectivizarse la prisión preventiva debido a los fueros que Bento tiene como magistrado. Esa condición no la pierde si es suspendido en el cargo, solo si es destituido.