Las tasas podrían dificultar el éxito de la iniciativa, que hasta ahora ha sido recibida con interés entre los contribuyentes que desean cumplir con sus obligaciones fiscales.

Tres provincias han comenzado a aplicar impuestos adicionales sobre el blanqueo de capitales, desalentando a quienes buscan ingresar sus ahorros al sistema bajo la iniciativa del gobierno de Javier Milei.

}Aunque el programa federal, impulsado por la AFIP, ofrece beneficios fiscales y de regularización para quienes declaren sus activos antes del 31 de diciembre de 2023, estas jurisdicciones han decidido establecer tasas propias, una medida que los críticos tildan de “feudal”. Esto podría dificultar el éxito de la iniciativa, que hasta ahora ha sido recibida con interés entre los contribuyentes que desean cumplir con sus obligaciones fiscales.

La ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detalló recientemente los beneficios para los contribuyentes que deseen adherirse a la primera etapa del Régimen de Regularización de Activos, más conocido como blanqueo de capitales.

A través de la Resolución 5573/2024, el gobierno ofrece a quienes regularicen sus activos la exención de pagos previos de impuestos y deudas omitidas hasta el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, se promete la entrega de Certificados de Residencia Fiscal, que evitarían la doble imposición para aquellos que tengan activos o residencias en el extranjero.

Este programa, que busca incentivar la formalización de activos no declarados, incluye también la liberación de delitos tributarios y cambiarios y las infracciones administrativas que los contribuyentes hayan cometido antes de la fecha límite. Además, la normativa establece que los adherentes deberán renunciar a iniciar acciones judiciales contra el Estado, aceptando así todas las exigencias de la AFIP. Hasta el momento, el blanqueo se ha presentado como una solución para reintegrar capitales al sistema financiero argentino, impulsando la economía formal.

Ya son 3 provincias que van a esquilmar a los que ingresen sus ahorros al sistema. Todo lo que Milei hace está siendo anulado por los señores feudales. pic.twitter.com/Iqq1swl3vX

— Pregonero (@PregoneroL) November 7, 2024

Sin embargo, el incentivo promovido por el gobierno nacional enfrenta resistencias a nivel provincial. En un giro que ha generado polémica, al menos tres provincias han anunciado que aplicarán nuevos gravámenes sobre aquellos que se adhieran al blanqueo, en lo que algunos ven como un intento de “esquilmar” a los contribuyentes. Estas medidas adicionales, que no estaban contempladas en la iniciativa original del gobierno de Milei, contradicen los principios de incentivo que buscaba la normativa federal y amenazan con desalentar la participación de aquellos que estaban considerando el blanqueo.

Las provincias justifican estos impuestos adicionales como una forma de asegurar recursos locales. No obstante, para muchos, estas imposiciones reflejan una postura “feudal”, que prioriza intereses jurisdiccionales por encima del objetivo de reactivar la economía nacional. En redes sociales, la medida ha sido duramente criticada, destacando que estas provincias “anulan” la iniciativa del gobierno central y aumentan la carga sobre quienes buscan cumplir con la ley fiscal argentina.

A pesar de las nuevas trabas provinciales, el blanqueo nacional ofrece varios beneficios que han captado el interés de contribuyentes y empresas. Aquellos que deseen acceder a los beneficios deben presentar el Formulario 408/PD, un procedimiento que implica renunciar a derechos de apelación y cubrir los costos judiciales asociados. En caso de ser aceptada la solicitud, los contribuyentes recibirán un certificado que valida la regularización de sus activos en el ámbito judicial y administrativo.

Entre los beneficios fiscales, se incluye la exención de impuestos a las ganancias, impuestos sobre créditos y débitos bancarios, y bienes personales, entre otros. Además, para facilitar la integración de estos capitales, el Ministerio de Economía permite que el dinero regularizado permanezca en el sistema financiero hasta el 31 de diciembre de 2025 sin costo adicional, o bien, que se destine a inversiones autorizadas.

La reacción de contribuyentes y especialistas

La imposición de estos gravámenes provinciales sobre el blanqueo ha generado inquietud entre los contribuyentes, quienes esperaban que la normativa promovida por el gobierno de Milei significara un alivio y no un nuevo obstáculo. Algunos especialistas advierten que estas medidas provinciales podrían reducir significativamente la adhesión al programa, afectando el potencial de formalización de activos en la economía argentina. De hecho, expertos en tributación señalan que este tipo de imposiciones desalientan la confianza en el sistema, y perjudican la transparencia que la AFIP intenta promover a través de su normativa de blanqueo.

Por su parte, el gobierno nacional, mediante la titular de la AFIP, Florencia Misrahi, ha reiterado que su objetivo es facilitar el cumplimiento tributario y apoyar a los contribuyentes que deseen adherirse a este régimen. Sin embargo, la falta de una regulación uniforme en las provincias puede obstaculizar el impacto positivo del programa. Además, varios analistas advierten que estas diferencias jurisdiccionales generan un entorno incierto que podría minar la efectividad del blanqueo, alejando a posibles interesados en el corto plazo.