La Casa Rosada cambia la estrategia en la disputa con el gobierno porteño tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó la restitución de fondos. Larreta ahora analiza cuál será la respuesta.

El presidente, Alberto Fernández, anunció en Twitter que pagará con bonos la devolución de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, tras el fallo de la Corte Suprema. Aclaró que será “el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”. El jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta estudia qué posición tomará al respecto.

Alberto Fernández dijo que instruyó a la jefatura de Gabinete, liderada por Juan Manzur, “para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA”: “Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.

De esta manera el Presidente hizo un giro de su posición inicial de incumplimiento de la sentencia. Ahora dijo en Twitter que “las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas”: “Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la CSJN y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”.

Alberto Fernández mencionó como antecedente el pago de una deuda a Santa Fe con títulos: “Los bonos consignados, ya fueron aceptados por la CSJN para atender la deuda del Estado Nacional con la Provincia de Santa Fe. Siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”.

El Presidente dijo que debe respetar las leyes vigentes: “El artículo 22 de la ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto. Advierto que ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos”.

Alberto Fernández adelantó que le ordenó al Ministerio de Economía “enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la Ley 23.982 en su artículo 22″.

El Presidente dijo que “dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”. Planteó que “ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente”, dispuso “el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.

Revocatoria del fallo y recusación a los jueces de la Corte Suprema

Alberto Fernández dijo que instruyó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para presentar “un recurso de revocatoria ‘in extremis’ contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”. Anunció además que ordenó la recusar a los jueces de la Corte “porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”.

Críticas de Alberto Fernández a la resolución de la Corte Suprema: “Está viciada”

El Presidente cuestionó la resolución de la Corte: “Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”.

Alberto Fernández dijo que “las políticas públicas que dispone el PEN se aplican en todo el territorio nacional” y que “si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado Nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas”.

El Presidente planteó que “el actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la CSJN, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento”.