Entre el 23 y el 16 de agosto del 2018, tres domicilios distintos de la actual vicepresidenta fueron allanados: el departamento de Uruguay y Juncal, en el barrio porteño de Recoleta; y las casas de Mascarello 441, en Río Gallegos; y de Padre de Agostini y Los Tehuelches, en El Calafate.
La líder de Unidad Ciudadana, en aquel entonces, había sido procesada por el presunto delito de “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos”. En su defensa, fernández de Kirchner explicó durante el proceso judicial que la carta de San Martín fue un regalo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión en ese país en abril de 2015, mientras que el prontuario de Yrigoyen le fue entregado por un allegado a un cura del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.En lo que respecta a la misiva destinada a O’Higgins, esta no formaba parte de lotes robados del Museo Vicuña Mackenna en 1981, ni de otro hecho delictivo similar ocurrido en el distrito tucumano de Yerba Buena en 2015, mientras que el archivo sobre el líder radical no pudo conocerse de dónde lo había obtenido la persona que se lo hizo llegar a la actual vicepresidenta.
El pasado 10 de junio del corriente año, la fiscal Alejandra Mangano sostuvo en su dictamen que “los objetos hallados en el domicilio de Cristina Fernández se trataban de obsequios recibidos de manera legítima, a título personal“, por lo que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a la ex jefa de Estado de esa causa iniciada por Bonadio.
Según lo establece la ley 15.930 en su artículo 20, “los poseedores de documentos históricos podrán continuar con la tenencia de los mismos, siempre que los mantengan en condiciones que garanticen su conservación“. Además, plantea la posibilidad de que puedan “entregarlos en depósito y custodia al Archivo General de la Nación o a un archivo general provincial, en las condiciones que se estipulen, inclusive la de no ser consultados sin autorización de sus propietarios”.
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25 abril, 2024