Nota extraída de Clarín por Daniel Santoro

Emilio Ocampo participó de la reapertura del canje de la deuda y fue denunciado ante la Justicia federal. El fiscal del caso pidió el archivo de la causa y fue sobreseído. Pero se descubrieron datos inéditos de esta operación por US$ 12 mil millones.

El economista elegido por Javier Milei para su plan de dolarización Emilio Ocampo fue investigado por la Justicia entre el 2010 y  el 2015 en una causa en que se denunció al entonces ministro de Economía Amado Boudou por haber supuestamente filtrado información privilegiada sobre la reapertura del canje de deuda externa.

La reapertura se hizo pese a la llamada “ley cerrojo” del Congreso tras el primer canje de deuda que hizo el ex presidente Néstor Kirchner en el 2004.

La causa terminó con el sobreseimiento de Boudou, Ocampo y otros denunciados pero contiene datos reveladores de esa polémica operación con títulos de la deuda externa por 12 mil millones de dólares.

Esta semana diputados de la oposición afirmaron que Ocampo había estado “imputado” en esa causa, pero en fuentes judiciales consultadas por Clarín se aclaró que, en realidad, la causa por pedido del fiscal federal Carlos Rívolo se archivó sin ninguna acusación penal contra los investigados.

Es más, Ocampo precisó ante una consulta de Clarín que “el 1 de diciembre de 2015 fui sobreseído” por el entonces juez Norberto Oyarbide.

En la causa se reveló que la consultora Arcadia Advisors de Emilio Ocampo fue una de las impulsoras desde el 2008 de la reapertura del canje que se concretó dos años después.

Marcelo Etchebarne Mihanovich -otro de los socios de Arcadia- y Ocampo eran en esa época directores de la consultora. Etchebarne y Ocampo son medio hermanos.

La semana pasada, Ocampo anunció en Twitter que “me llamó Javier Milei y me pidió que lo asesorara en los temas relacionados con la dolarización. Le respondí afirmativamente. Me sumo al equipo”.

Ocampo es graduado en Economía en la Universidad de Buenos Aires, ejerce como profesor en UCEMA, y además trabajó en la banca de inversión ocupando funciones ejecutivas en Chase Manhattan, Salomon Brothers, Citigroup y Morgan Stanley en Nueva York y Londres. Además, es investigador asociado del Center for Strategic and International Studies (CSIS), un “think tank” de EEUU.

Ocampo es autor del libro “Dolarización, una solución para la Argentina”, que escribió junto a Nicolás Cachanosky.

En su famosa “clase magistral” de economía en La Plata en abril, Cristina Kirchner apuntó contra Ocampo porque, a su criterio, su propuesta de dolarización implica proponer la transferencia fuera del país de “activos y pasivos del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses”. La ex presidenta agregó que muchas de las “principales empresas argentinas” tienen acciones en ese fondo.

Y el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, dijo que esa propuesta escondería “un plan Bonex”.

La causa en que Ocampo fue investigado se abrió en el 2009 por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, el entonces senador Pino Solanas y el dirigente Mario Cafiero a la que en el 2013 se sumó otra del diputado nacional y ex director del banco Nación durante el gobierno de Alberto Fernández, Claudio Lozano.

En realidad, fueron tres causas. Una de las primeras también estuvo en manos del juez federal Ariel Lijo que estaban investigando a Boudou por el caso Ciccone en el que el ex vicepresidente terminó condenado a 5 años y 6 meses de prisión. Los denunciantes afirmaban que Boudou habría filtrado información de privilegio antes de lanzar la reapertura y otros que la tasa de interés “era muy alta y ahí estaba el negocio”, recordaron fuentes judiciales.

Pero todas las causas se acumularon en Oyarbide y éste delegó la investigación al fiscal Rívolo.

Ante una pregunta de Clarín, Ocampo dijo que “la causa no fue archivada. En virtud de las falsedades –algunas con real malicia– que divulgaron algunos medios. Para preservar mi buen nombre y honor, por pedido del fiscal Carlos Rívolo, con fecha 1 de diciembre de 2015 se dictó mi sobreseimiento total y definitivo”.

“Dicho sobreseimiento se encuentra firme y no fue apelado por ninguno de los denunciantes”, subrayó Ocampo.

El economista resaltó, además, que dicha investigación “incluyó el pedido de intervención de la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos que autorizó y supervisó la operación referida y que fue debidamente informada del rol de Arcadia Advisors en cumplimiento de la normativa vigente”.

“La SEC confirmó que la operación de canje de deuda fue realizada con su aprobación y que no hubo irregularidad alguna”, finalizó Ocampo.

El fiscal Rívolo, antes de decidir el archivo sin imputar a nadie, en 2015 pidió una serie de documentos al Gobierno de Cristina Kirchner, entre otras medidas de prueba.

Así comprobó que Boudou había nombrado a The Bank of New York Mellon como agente de canje en Luxemburgo y a Georgeson SRL como agente de información. Y como bancos colocadores figuraron el Barclays, Citi bank y Deutsche bank.

Los bonos que se entregaron se inscribieron a nombre de agentes o intermediarios para preservar a los inversionistas finales bajo cuestiones de confidencialidad. Por ejemplo,156 presentaciones en el canje procedieron de la isla Caimán, un paraíso fiscal.

En la resolución del fiscal Rívolo, a la que accedió Clarín, se precisa que “el rol de Arcadia no surge de la carta propuesta, el memorando ni de la carta convenio, sino que se pone de manifiesto únicamente en el borrador del suplemento del prospecto”.

Y revela que en el 2008 “Barclays junto a Arcadia Advisors habría efectuado una propuesta para reestructurar la deuda no canjeada en el canje de 2005”, en nombre de tenedores de deuda no canjeada. Es la iniciativa de 2008 que se puso en vigencia en el 2010. La entrada de los que no entraron a ese canje estaba bloqueada por la ley “cerrojo” que debió ser derogada por el Congreso.

Más adelante, Rívolo fijó su posición tras examinar el expediente. Afirmó que “no fue posible demostrar la hipótesis delictiva planteada originalmente” por los denunciantes. Es decir, que “no surgen elementos que permitan afirmar que efectivamente algún funcionario hubiese utilizado la información privilegiada con fines de lucro” .

En base a lista de los funcionarios que tuvieron conocimiento previo del decreto 563/2010 y la ley 26.547 tampoco “se acreditó alguna vinculación entre funcionarios y beneficiarios finales”.

“Más allá de las reuniones o conversaciones que pudieran haber mantenido los representantes de Barclays Argentina y del ministerio de Economía lo cierto es que de acuerdo a la legislación pertinente esto no implica la configuración de un delito penal”, destacó Rívolo.

“La existencia de Arcadia Advisors junto a Barclays quedó plasmada en la primera oportunidad y que por esta razón considero que dicha consultora puedo haber trabajado en compañía de Barclays en el proyecto”, comentó el fiscal.

Pero “en modo alguno implica la comisión de algún delito penal como los denunciados y vinculado a esto no sería extraño que integrantes de Arcadia hubiesen mantenido conversaciones con los miembros del Ministerio de Economía, en tanto, formaban parte de la propuesta inicial del 2008”, afirmó.

“A la luz de los hechos y la valoración de la prueba colectada considero que no fue posible comprobar las hipótesis delictivas denunciadas”, insistió. Por otro lado, esta fiscalía “reconoce que co-exisen intereses económicos-financiero de repercusión nacional e internacional como es el pago de la deuda cuya toma de decisión y elección del curso de acción compete a otros poderes del Estado ajenos al poder judicial”, concluyó el fiscal Rívolo y pidió el archivo de la causa que tanto ruido había creado en la primera presidencia de Cristina Kirchner.