El dato político clave del discurso será la reacción de Cristina y su bancada cuando Alberto se refiera al acuerdo con el FMI y a la «proscripción»

Alberto Fernández sabe que su discurso del 1° de marzo ante el Congreso no será uno más. Probablemente será el último informe legislativo sobre su gestión emitido en cadena nacional, de manera que elegirá sus palabras cuidadosamente, pensando en su mensaje como lo que realmente es: la manera en la que él quiere que la historia recuerde su presidencia y, acaso, el trampolín para pelear una reelección en la que su propio partido no cree.

Es por eso que, en primer lugar, el público al cual estará dirigido su discurso será el de la interna del Frente de Todos, donde casi cotidianamente se plantean ruegos, reclamos y exigencias para que el Presidente se baje de su aspiración reeleccionista y allane el camino electoral.

A diferencia de lo que ocurrió otros años, el foco principal no estará en las chicanas que seguramente surjan de la bancada legislativa del PRO -que el año pasado concurrió con banderas de Ucrania, para cobrarle a Fernández su desafortunada reunión con Vladimir Putin, y que posteriormente se levantó y se retiró del recinto parlamentario en medio del mensaje presidencial-.

Más bien al contrario, el foco estará en el «aplausómetro» y los gestos de la propia bancada oficialista, empezando, en primerísimo lugar, por Cristina Kirchner, una experta en enviar señales políticas sin pronunciar una palabra. El año pasado, la vicepresidente, que había evidenciado su desacuerdo con la firma del acuerdo «stand by» con el FMI, había cumplido con corrección pero también una notoria frialdad su rol de anfitriona en el Congreso.

En aquella oportunidad, el kirchnerismo había enviado su principal mensaje de disgusto a través de la banca vacía de Máximo Kirchner, un anticipo de que el sector que sigue a Cristina votaría en contra de lo que ya entonces se denunciaba como «un programa de ajuste».

El discurso de Alberto: datos positivos en medio de una crisis

Un año después, la agenda no será muy diferente. Alberto pondrá el foco en los números positivos de la economía, en particular el crecimiento del PBI, que cerró el 2022 con una tasa de 5,2%. Con ese dato, sumado a otros como la disminución del desempleo al 6,7% de la población económicamente activa, el Presidente defenderá su decisión. En su último discurso, había repetido su compromiso de que el acuerdo con el Fondo no impondría al país las clásicas recetas recesivas.

Fernández defenderá su gestión, pero al kirchnerismo le preocupa un discurso optimistala cuando recrudece la protesta social

Es una postura que Alberto ha defendido desde entonces, al punto que ha confrontado con la propia crítica interna. En una reciente aparición pública respondió con la provocadora pregunta: «¿Dónde está el ajuste? no lo sé, yo no lo encuentro».

Pero es desde el propio kirchnerismo que se plantea la alarma por ese discurso optimista. Sobre todo, porque al mismo tiempo se confirma que las jubilaciones siguen siendo la variable de ajuste -el último informe fiscal marca una caída real de 4%- y, además, los piqueteros acampan en la avenida 9 de Julio para denunciar que el recorte de beneficiarios al plan Potenciar Trabajo obedece a una exigencia del FMI, con el cual el Gobierno se comprometió a recortar 0,6% del gasto social.

Es por eso que un dato político clave de este 1° de marzo será la reacción de los legisladores kirchneristas, cuando llegue el momento en el que el Presidente haga su defensa del «stand by» con el FMI -conseguido gracias a los votos que el año pasado le concedió Juntos por el Cambio-.

Alberto ha intentado transitar un equilibrio difícil en ese tema: en su discurso de 2021, había anunciado que denunciaría judicialmente a los funcionarios de la gestión macrista que habían firmado el préstamo del FMI en 2018. «Administración fraudulenta» y «malversación de fondos» eran los delitos que había mencionado el Presidente, quien además impulsó que todo acuerdo para tomar deuda debería ser ratificado por el Congreso.

No le resultó fácil un año más tarde a Alberto defender la negociación para un nuevo «stand by». Por eso, aun a sabiendas de que iba a necesitar los votos de esos mismos legisladores opositores a los que antes había acusado de apoyar una conducta delictiva, prefirió sobreactuar dureza para no enemistarse con el kirchnerismo.Y recordó que aquella causa judicial por la deuda de 2018, en la cual el Estado es querellante, había tenido un casi nulo grado de avance en la justicia. Al mismo tiempo, las cámaras de la TV pública hacían foco en los jueces de la Suprema Corte que escuchaban inmutables en el recinto de la cámara de diputados.

Batalla entre el autoelogio y la autocrítica

Pero está claro que este año ya no alcanzará con criticar el endeudamiento de la gestión macrista. Los legisladores kirchneristas esperan otras señales que los hagan sentir con chances para la contienda electoral, y más que una defensa de la política económica, lo que quieren escuchar son anuncios de cambios.

¿Qué hará entonces el Presidente? Si se excede en la dosis de optimismo, puede irritar al kirchnerismo, que reclama una postura realista. Pero una autocrítica exacerbada también queda descartada en un discurso que pretenderá ser el legado oficial sobre el período gubernamental que se acerca a su final.

La inflación será un tema ineludible en el mensaje de Alberto al Congreso: el kirchnerismo reclama más confrontación con las empresas

En el rubro de problemas que será inevitable reconocer figurará la inflación, pero se trata de un tema en el que Alberto tiene a mano argumentos en su defensa. Como ya hizo en el discurso del año pasado, podrá aludir a «los que tienen la costumbre de remarcar por las dudas», pero en su defensa podrá recordar que se están aplicando multas millonarias a cadenas supermercadistas que incumplen con los «Precios Justos».

Queda el interrogante de si ese dato será suficiente para un kirchnerismo que diagnosticó a la inflación como la contrapartida de los altos márgenes de ganancia que reflejan los balances corporativos y que, en consecuencia, pide medidas de confrontación explícita con las grandes empresas. De hecho, todavía persiste la irritación por la negativa del Presidente a instrumentar una política de aumentos salariales por decreto, un tema que desde el año pasado está en la base de las peleas internas del peronismo.

En definitiva, el mayor desafío de Alberto es lograr que la bancada kirchnerista aplauda. Desde el punto de vista de quienes estarán sentados en el Congreso, este discurso del 1° De marzo tampoco será uno más: ocurre en plena negociación por las candidaturas y por la redefinición de anuncios económicos que reconcilien al FdT con su base electoral. De manera que un clima eufórico con un apoyo ruidoso al Presidente podría ser hasta contrario a la estrategia electoral, no solamente porque puede interpretarse como un impulso a la aspiración reeleccionista de Alberto, sino porque iría en contra del propio relato sobre la necesidad de «ajustar tuercas» en la gestión, como dijera Andrés «Cuervo» Larroque.

El factor Cristina: ¿dirá la palabra «proscripción»?

Pero a la hora de marcas diferencias entre ste 1° de marzo y los anteriores, Alberto verá la principal sentada justo a su izquierda: Cristina Kirchner ya no es una dirigente política procesada sino que ahora es una condenada por corrupción. Y no ha ocultado su enojo ante lo que interpreta como una actitud poco comprometida por parte del Presidente en su cruzada anti «lawfare».

Tradicionalmente, Alberto ha dedicado en todos sus mensajes al Congreso una generosa porción de minutos a hablar sobre la necesidad de reformas en la Justicia. En un gesto destinado a congraciarse con Cristina, ha mantenido las alusiones a los servicios de espionaje que se mueven «en los sótanos de la democracia».

El discurso del 1° de marzo puede suponer un punto de inflexión en la relación entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández: dependerá de si el Presidente alude a la «proscripción» de la vice

En su discurso del año pasado, se quejó de que su proyecto de 2020 para reformar el sistema judicial había perdido estado parlamentario porque, luego de haber sido votado por el Senado, nunca había avanzado en Diputados -una inesperada crítica velada hacia Sergio Massa, el entonces presidente de la cámara-.

Y anunció una batería de proyectos, todos a la medida de Cristina Kirchner: uno para reflotar la reforma cajoneada en 2020, otro para revisar la conformación del Consejo de la Magistratura y otro para la conformación de la propia Corte Suprema de Justicia. Además, mencionó una reforma sobre al accionar de los servicios de inteligencia.

Un año más tarde, esas iniciativas han chocado contra la mayoría opositora en el Congreso. De manera que a Alberto sólo le quedará el recordatorio de que fue por su iniciativa que se inició un trámite de juicio político a los jueces de la Corte.

De todas formas, ese tramo del discurso, cuyo objetivo central es bajar el nivel de irritación del kirchnerismo, tampoco tiene garantizado los aplausos. Cristina ha instalado en el debate interno la cuestión de la «proscripción» por la vía judicial, un tema que ha generado resistencia interna. De hecho, las polémicas definiciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, han sido interpretadas como la postura del propio Presidente.

Eso marca el otro dato que habrá que monitorear el 1° de marzo. Además de los gestos de Cristina y el «aplausómetro» de la bancada legislativa kirchnerista, la atención política estará puesta en si, finalmente, Alberto pronuncia la palabra «proscripción». En buena medida, de eso depende la paz interna en la coalición gubernamental.