El Ejecutivo planea sumar el apoyo de la ex vicepresidenta, quien mantiene su influencia sobre 16 senadores de Unidad Ciudadana.

El Gobierno intensificó sus esfuerzos para negociar con Cristina Kirchner con el objetivo de asegurar los votos necesarios para que el juez federal Ariel Lijo y el académico Manuel García Mansilla sean nombrados en la Corte Suprema. Las audiencias públicas para estos nombramientos comenzarán el 21 de agosto, lideradas por la comisión de Acuerdos del Senado, y se espera que los pliegos sean discutidos en septiembre.

El viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo, estuvo a cargo de las negociaciones con los distintos bloques políticos. A pesar de los avances, el Gobierno busca una reunión directa con Cristina Kirchner, debido a su influencia en los 16 senadores de Unidad Ciudadana. Aunque el Ejecutivo confía en tener los dos tercios necesarios para aprobar el pliego de Lijo, reconocen que la candidatura de García Mansilla enfrenta más resistencia y requiere más negociaciones con el peronismo.

Además, el Gobierno está intentando debilitar el liderazgo de Mauricio Macri en el PRO para conseguir más apoyo para Lijo, a pesar de la oposición del ex presidente, quien expresó su desacuerdo con la propuesta. En este contexto, se llevaron a cabo reuniones entre funcionarios del Gobierno y líderes del PRO en el Senado, como Luis Juez y Alfredo Luis De Angeli, en un intento de sumar votos.

El Ejecutivo también enfrenta desafíos internos en el Senado. La vicepresidenta Victoria Villarruel y otros senadores de La Libertad Avanza manifestaron su oposición a la propuesta de Milei de impulsar a Lijo a la Corte Suprema, lo que complica aún más el panorama. En respuesta, desde la Casa Rosada advierten que aquellos que no apoyen las propuestas del Presidente podrían quedar excluidos de futuras decisiones políticas.

Finalmente, en Balcarce 50 no descartan la posibilidad de impulsar una reforma para ampliar la Corte Suprema a nueve miembros, incluyendo más mujeres en el tribunal. El Ejecutivo decidió no insistir por el momento en ocupar la Procuración General de la Nación y, en cambio, centrará sus esfuerzos en acelerar las negociaciones para la conformación de la Auditoría General de la Nación (AGN).