El presidente Alberto Fernández aseguró que es “una marcha ciudadana”.

Organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios marcharon a la sede de la Corte Suprema para reclamar por cambios en la Justicia. La movilización se llevó a cabo enfrente al Palacio de los Tribunales y en otras ciudades del país.

Las consignas fueron de lo más variadas: van desde el “fin del lawfare”, “basta de impunidad”, “democratización de la justicia”, hasta la renuncia de los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Pero a la convocatoria marginal inicial se sumaron Hebe de Bonafini y los dirigentes camioneros Hugo y Pablo Moyano. La presencia de Bonafini impulsa la participación en la marcha de organismos de Derechos Humanos alineados con el kirchnerismo como Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, la seccional Capital de H.I.J.O.S. y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros.

La presencia de los Moyano encolumnó al Frente Sindical y se sumaron la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, más otros sectores gremiales.

La marcha bautizada como el “1F” también recibió apoyos expresos del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y del de Seguridad, Aníbal Férnandez.

Pero además se sumó uno de los principales hombres de Cristina Kirchner en el gobierno: Juan Martín Mena, número dos del ministerio de Justicia, quien dijo que le parecía “sano y necesario” que la gente se pronunciara en una marcha. Un planteo similar realizó Martín Soria, quien desde que asumió en la cartera judicial en reemplazo de Marcela Losardo critica a la Corte Suprema.

Durante una entrevista con C5N, Alberto Fernández manifestó: “La marcha de mañana es una marcha ciudadana. Hay que entender que, en una República, cada Poder se expresa por un instrumento. El Poder Ejecutivo en decretos, el Poder Legislativo en leyes y el Poder Judicial en sentencias. Todos estos son actos de Gobierno y, como tales, son públicos. Y, como son públicos, son susceptibles de ser cuestionados. Nadie tiene que molestarse porque un número ‘x’ de ciudadanos vaya y reclame a la Justicia que los actos de Gobierno no se están adecuando a la Justicia. Nadie tiene que molestarse con eso. Es más, tendrían que prestar atención y corregir lo que hay que corregir”.