El saqueo sistemático de las vías del tren en el ramal C25, que une Padre Lozano y Morillo, ha destapado una operación orquestada por una banda transnacional

El tramo del ramal C25, que se extiende entre Padre Lozano y Morillo en el chaco salteño, ha sido escenario de un alarmante saqueo de vías del tren. En los últimos meses, la región ha sido foco de procedimientos policiales tras el hallazgo de cargamentos de rieles robados en distintas rutas y caminos vecinales. Esta línea ferroviaria, que conecta Embarcación con la capital formoseña, abarca 105 kilómetros y ha sufrido un plan sistemático de desguace llevado a cabo por una banda transnacional.

Lejos de ser un caso aislado, como los robos denunciados desde 2014 en el ramal C15, el saqueo de vías del tren en el C25 es parte de una operación más amplia. Según investigaciones, esta banda organizada ha logrado contrabandear rieles hacia Bolivia, donde las piezas se venden a aproximadamente 250 dólares la tonelada. La red de contrabando cuenta con complicidades a ambos lados de la frontera y ha logrado evadir numerosos controles de seguridad.

La documentación vinculada al saqueo incluye una resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que supuestamente autoriza la donación de rieles en desuso a la comunidad wichí de Misión Salim. Sin embargo, la resolución y la documentación presentada presentan graves inconsistencias, como fechas incorrectas y firmas de funcionarios que ya no estaban en sus cargos al momento de la supuesta donación.

El tramo de vías del tren en cuestión no solo ha sido despojado de rieles, sino que también se han llevado otras piezas ferroviarias, generando un botín ilícito estimado en 5.000 millones de pesos. La red organizada también ha cruzado a Bolivia material rodante y otras partes del tren, aumentando el valor del saqueo a 6.500 millones de pesos en total.

Recientemente en la ruta nacional 81 cerca de Dragones fue bloqueada por manifestantes locales que protestaban por la situación. Aunque algunos caciques han señalado la implicación de comunidades en el desguace, también hay denuncias de complicidades entre criollos, policías y gendarmes. Las denuncias por el saqueo del C25 han sido desestimadas en sedes policiales y de Gendarmería, lo que ha aumentado la preocupación de que se culpe injustamente a las comunidades locales mientras el contrabando continúa sin freno.